Antecedentes del conflicto

El conflicto surgió a partir de dos demandas ejecutivas presentadas por el Instituto Financiero de Casanare (IFC) contra particulares que suscribieron pagarés en virtud de créditos adquiridos con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), a través de un convenio con la Gobernación de Casanare. Tras la liquidación del convenio, los derechos y obligaciones sobre dichos títulos valores fueron transferidos a la Gobernación de Casanare y luego endosados al IFC. Los juzgados civiles municipales 002 y 004 de Yopal declararon su falta de jurisdicción para conocer los asuntos y remitieron los expedientes a la jurisdicción administrativa, fundamentando su decisión en que el IFC es una entidad pública sin carácter financiero, por lo que correspondía que los juzgados administrativos conocieran las demandas. Por su parte, el juzgado administrativo 005 de Yopal declaró su falta de competencia y planteó un conflicto negativo de jurisdicciones, remitiendo el asunto a la Corte Constitucional para su resolución.

Consideraciones de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional reiteró que, conforme a su competencia constitucional para dirimir conflictos entre jurisdicciones, la acumulación de los expedientes era procedente dada la unidad de materia. Además, estableció que para que exista un conflicto de jurisdicciones se deben cumplir tres presupuestos: subjetivo (distintas autoridades judiciales reclaman competencia), objetivo (existencia de causa judicial) y normativo (existencia de argumentos legales para reclamar o rechazar competencia), los cuales se cumplieron en este caso. En cuanto a la competencia para conocer procesos ejecutivos derivados de títulos valores transferidos a terceros, la Corte recordó su jurisprudencia reciente, que establece que la jurisdicción ordinaria civil es competente cuando el título valor ha sido endosado a un tercero ajeno a la relación contractual estatal original, dada la autonomía del título valor. Aplicando esta regla al caso concreto, la Corte concluyó que el Instituto Financiero de Casanare, como endosatario en procuración y tercero ajeno al contrato original, debe presentar sus demandas ante los juzgados civiles municipales 002 y 004 de Yopal, encargados de conocer las demandas en contra de los respectivos deudores.

Decisión final

En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional: - Acumuló los conflictos de jurisdicciones CJU 7235 y 7237 por presentar unidad de materia. - Dirimió el conflicto y declaró competente al juzgado civil municipal 002 de Yopal para conocer la demanda ejecutiva promovida por el IFC contra los primeros demandados. - Dirimió el conflicto y declaró competente al juzgado civil municipal 004 de Yopal para conocer la demanda ejecutiva promovida por el IFC contra los segundos demandados. - Ordenó remitir los expedientes a los juzgados civiles municipales respectivos para que procedan conforme a su competencia y comuniquen esta decisión a las partes involucradas y al juzgado administrativo 005 de Yopal. Esta decisión reafirma la prevalencia de la jurisdicción ordinaria civil para conocer procesos ejecutivos basados en títulos valores endosados a terceros, garantizando la autonomía de los títulos valores y la correcta asignación de competencia judicial. De esta manera, se fortalece la seguridad jurídica y se asegura que los procesos se desarrollen en la jurisdicción adecuada, evitando dilaciones y conflictos innecesarios entre autoridades judiciales.