Antecedentes del caso

El conflicto surgió a partir de una demanda de nulidad simple interpuesta por el departamento de Putumayo contra la resolución que reconoció una pensión convencional a un trabajador oficial que prestó servicios para la entidad. La demanda cuestionaba el reconocimiento alegando que el solicitante no cumplía con los requisitos establecidos en la convención colectiva de trabajo vigente entre 1998 y 1999, y que dicha convención no era exigible tras la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. El proceso inicialmente fue asignado al tribunal administrativo de otro departamento, luego remitido al tribunal administrativo de Putumayo, el cual inadmitió la demanda por no ajustarse al medio de control adecuado y posteriormente declaró su falta de competencia por no cumplir con la cuantía requerida. Finalmente, fue remitido al juzgado administrativo del circuito de Mocoa, que declaró su falta de jurisdicción y envió el expediente a la jurisdicción laboral. El juzgado laboral, a su vez, declaró un conflicto de jurisdicción y elevó el caso a la Corte Constitucional para su resolución.

Consideraciones sobre la competencia

La Corte Constitucional, en ejercicio de su competencia para dirimir conflictos entre jurisdicciones según el artículo 241.11 de la Constitución Política, analizó los tres presupuestos necesarios para configurar un conflicto de jurisdicciones: subjetivo, objetivo y normativo, concluyendo que estaban presentes en el caso. Respecto a la competencia, la Corte señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer procesos iniciados por entidades públicas contra actos administrativos propios relacionados con derechos pensionales, cuando no se cuenta con autorización expresa del titular para revocar el acto...