Providencia judicial y contexto procesal

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, del Consejo de Estado, en auto de 23 de febrero de 2026, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) contra el auto del 21 de noviembre de 2024, emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. La providencia cuestionada rechazó la liquidación de costas realizada inicialmente por la Secretaría del Tribunal y procedió a rehacerla estableciendo un monto de $5.800.000 por concepto de agencias en derecho en primera y segunda instancia. El fundamento principal para esta corrección fue la aplicación del salario mínimo mensual legal vigente del año 2023, año en que quedó ejecutoriada la sentencia, a diferencia de la liquidación original que tomó como referencia el salario del año 2022.

Antecedentes fácticos y procesales

En la sentencia de primera instancia del 8 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó en costas al IDU por cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria. Posteriormente, la parte ejecutada presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación, argumentando que la liquidación inicial era correcta y que la corrección realizada por el tribunal había sido una actuación oficiosa no permitida bajo el principio dispositivo. El Tribunal, en providencia de diciembre de 2025, negó la reposición y concedió la apelación para confirmar la liquidación corregida, sosteniendo que el salario mínimo aplicable debía ser el vigente a la fecha de ejecutoria, esto es, el año 2023.

Consideraciones jurídicas de la Sala Plena

La Sala Plena del Consejo de Estado recordó...