Contexto y antecedentes del caso

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, emitió un auto interlocutorio relacionado con un medio de control de pérdida de investidura contra un concejal del municipio de San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. La demanda fue promovida por una veeduría ciudadana en contra del concejal mencionado. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó la solicitud de pérdida de investidura en sentencia proferida en noviembre de 2025. La parte actora interpuso recurso de apelación contra el fallo y, en esta segunda instancia, solicitó la práctica de diversas pruebas, tanto documentales como testimoniales, para sustentar su petición. Entre las pruebas solicitadas se encontraban testimonios de contratistas responsables de las publicaciones en las redes sociales del Concejo Municipal, informes detallados sobre la elaboración y publicación de material audiovisual institucional, y la verificación de contenidos en plataformas digitales oficiales.

Decisión del Consejo de Estado y fundamentos jurídicos

En el auto de 10 de diciembre de 2025, el despacho encargado denegó la práctica de las pruebas solicitadas en segunda instancia, argumentando que muchas de ellas ya obraban en el expediente y que otras no cumplían con los requisitos establecidos para su admisión en esta fase procesal, conforme al artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La veeduría ciudadana interpuso recurso de reposición contra este auto, alegando principalmente que se vulneraron derechos fundamentales como el debido proceso y el principio de legalidad, y que el despacho omitió aplicar correctamente el numeral 1 del artículo 14 de la...