Providencia judicial en segunda instancia confirma improcedencia de acción de cumplimiento

El Consejo de Estado, en segunda instancia, profirió una sentencia el 5 de febrero de 2026 que confirmó la improcedencia de la acción de cumplimiento presentada contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). La decisión se fundamenta en el análisis de los requisitos de procedibilidad de la acción y en la determinación de que la vía legal adecuada para impugnar la negativa de traslado o reubicación administrativa es el medio de control ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

Antecedentes del caso

La acción de cumplimiento fue interpuesta por una docente que solicitó a la CNSC la reubicación administrativa en otra entidad territorial certificada, amparándose en los artículos 2, 12 y 13 del Decreto 1782 de 2013, el cual reglamenta los traslados por razones de seguridad para educadores oficiales víctimas de desplazamiento forzado. La peticionaria presentó los requisitos exigidos por la norma, incluyendo certificado laboral y su inscripción en el Registro Único de Víctimas. La CNSC negó la solicitud argumentando que no existía un nexo causal directo entre los hechos de desplazamiento forzado y el ejercicio de las funciones docentes, requisito clave para acceder al traslado excepcional. Además, recordó que la entidad había negado previamente una acción de tutela presentada con fundamentos similares. La entidad enfatizó que los traslados por razones de seguridad son excepcionales y deben estar soportados en un riesgo real, grave y comprobado, y que la causalidad entre el desplazamiento y la función pública es un requisito indispensable.

Consideraciones del Consejo de Estado

El tribunal de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre, declaró improcedente la acción por considerar que existía cosa juzgada debido a la acción de tutela anterior y que la demandante contaba con otros medios judiciales idóneos para cuestionar la decisión de la CNSC, específicamente la nulidad y restablecimiento del derecho. En segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó esta decisión. La Sala evaluó el cumplimiento del requisito de constitución en renuencia, verificando que la demandante había solicitado formalmente a la CNSC el cumplimiento de los artículos invocados y que la entidad se había pronunciado negativamente en el plazo legal. Sin embargo, determinó que la acción no superó los requisitos de procedibilidad, principalmente porque la demanda perseguía un interés particular y no público, y porque existían medios judiciales ordinarios adecuados para impugnar la negativa de traslado. El Consejo de Estado aclaró que la acción de cumplimiento no es procedente cuando el afectado cuenta con otro mecanismo para obtener el cumplimiento normativo, salvo que se demuestre un perjuicio grave e inminente, situación que no fue alegada ni probada. Además, subrayó que la acción de cumplimiento no es el instrumento idóneo para discutir la legalidad de actos administrativos, función que corresponde a los medios de control ordinarios.

Conclusión de la Sala

La Sala Quinta del Consejo de Estado confirmó la sentencia que declaró improcedente la acción de cumplimiento contra la CNSC. La decisión se basó en la falta de cumplimiento de los requisitos procesales y en el reconocimiento de que la impugnación de la negativa de traslado debe ventilarse a través de los medios de control ordinarios, en particular la nulidad y restablecimiento del derecho. De esta forma, se reitera la importancia de respetar los cauces procesales establecidos para la defensa de derechos en materia administrativa, garantizando la seguridad jurídica y la correcta aplicación de las normas que regulan los traslados por razones de seguridad y desplazamiento forzado en el sector educativo. Así, se fortalece el sistema judicial y se promueve el uso adecuado de los mecanismos legales para la protección de los derechos de los servidores públicos.