Contexto y competencia del Tribunal
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de La Guajira, competente en materia tributaria, conoció el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por una sociedad comercial contra la DIAN. La controversia se relaciona con la legalidad de una liquidación oficial de revisión y una resolución que modificó dicha liquidación en materia de impuesto sobre la renta y complementario para el año gravable 2019.
Antecedentes fácticos y procesales
La sociedad demandante impugnó la liquidación oficial de revisión número 202402505000001, emitida en junio de 2024, y la resolución que resolvió un recurso de reconsideración en junio de 2025, que estableció un saldo a pagar superior a los 23 mil millones de pesos. El proceso se centra en determinar si la sociedad cumple con los requisitos para acceder al beneficio tributario previsto en la Ley 1819 de 2016, artículo 237, relativo a la tarifa cero por ciento en el impuesto de renta para zonas de régimen especial (ZOMAC), así como la nulidad de las actuaciones administrativas que impusieron sanciones por inexactitud y omisión de activos.
Ambas partes presentaron pruebas documentales, consistentes en certificados de existencia, declaraciones privadas de renta, liquidaciones oficiales, requerimientos especiales y resoluciones, las cuales no fueron objeto de tachas ni desconocimientos formales.
Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión
El auto expedido por el Tribunal se sustenta en el artículo 182A del CPACA, que autoriza dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando el asunto es de puro derecho, no se requiere práctica de pruebas adicionales y las pruebas documentales aportadas no han sido objetadas. En este caso, el Tribunal constató que los requisitos se cumplen plenamente, dado que la controversia gira en torno a la interpretación y aplicación de normas tributarias y los elementos probatorios son exclusivamente documentales, aportados con la demanda y la contestación, sin que se hayan solicitado pruebas adicionales ni se hayan formulado objeciones.
En consecuencia, el Tribunal decidió prescindir de la audiencia inicial para avanzar en la expedición de sentencia anticipada, ordenando correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presenten sus alegatos de conclusión en un plazo de diez días. Esta medida busca agilizar la resolución del conflicto, optimizando los recursos judiciales y la administración de justicia en materia tributaria.
Fijación del litigio
El litigio quedó delimitado en los siguientes puntos principales:
- Determinar la nulidad de la liquidación oficial de revisión y la resolución que la modificó.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al beneficio tributario ZOMAC con tarifa cero por ciento para el impuesto de renta del año gravable 2019.
- Ordenar, en caso favorable, la declaración en firme de la declaración privada del impuesto de renta presentada por la sociedad demandante y actualizar los sistemas de la DIAN para eliminar cualquier deuda tributaria asociada, además de reintegrar los valores pagados con los intereses legales correspondientes.
- Determinar la posible condena en costas a la entidad demandada.
Conclusión del auto
El auto reconoce la personería judicial del apoderado de la entidad demandada y establece los términos procesales para la presentación de alegatos y la posterior expedición de la sentencia anticipada. Así, el Tribunal cumple con los parámetros legales para garantizar un debido proceso y una pronta solución a la controversia tributaria planteada.
Esta providencia refleja la aplicación efectiva del mecanismo de sentencia anticipada previsto en el CPACA, que contribuye a la celeridad procesal en casos donde el debate se centra en aspectos jurídicos claros y no requiere la práctica de pruebas complejas, reafirmando el compromiso del sistema judicial con la eficiencia y la justicia en materia tributaria.
