Contexto y naturaleza de la decisión

En el marco de un incidente de desacato derivado de una acción popular, el Tribunal Administrativo de Nariño, en segunda instancia, emitió un auto sancionatorio contra el alcalde del municipio de Pasto. El proceso se refiere al incumplimiento de órdenes contenidas en sentencias previas, que ordenaban la construcción y puesta en marcha de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y la adopción de medidas para mitigar el impacto ambiental por vertimientos en la laguna de La Cocha.

Antecedentes fácticos y procesales

El municipio de Pasto había sido objeto de sentencias emitidas en 2018 y 2019 que le ordenaban implementar soluciones efectivas para el manejo de aguas residuales en la zona de El Encano, incluida la construcción de una PTAR y la gestión adecuada de permisos ambientales. Sin embargo, el tribunal constató que, pese a la existencia de documentos técnicos y declaraciones, no se aportó evidencia suficiente que demostrara avances concretos y efectivos en la actualización del proyecto, la obtención o renovación de permisos de vertimientos o la implementación de alternativas en zonas dispersas. Se evidenció también que la responsabilidad directa en tramitar los permisos ambientales había sido asumida por una asociación comunitaria, lo cual fue considerado inadecuado dado que la obligación legal recae sobre el municipio. La autoridad ambiental regional, la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), inició procesos sancionatorios contra el municipio por estas omisiones.

Consideraciones del tribunal y razones de la decisión

El tribunal destacó la ausencia de avances sustanciales en el cumplimiento de las órdenes judiciales, apuntando a la falta de actualización y ejecución efectiva del proyecto de PTAR, la negligencia en la gestión del permiso de vertimientos, y la inexistencia de soluciones temporales para evitar el vertimiento de aguas residuales en la laguna de La Cocha. Se señaló que el municipio no demostró haber adoptado medidas concretas en el lapso de un año posterior a la sentencia. Además, se constató que la autoridad ambiental regional y el departamento de Nariño sí desplegaron gestiones dentro de sus competencias y no incurrieron en incumplimientos que ameriten sanción. Por ello, el tribunal decidió imponer una multa al alcalde del municipio de Pasto equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo Regional Nariño. La sanción debe pagarse en 30 días y, en caso de incumplimiento, podrá convertirse en arresto de hasta seis meses.

Implicaciones y exhortaciones

El auto judicial exhorta a las entidades involucradas a cumplir con las órdenes de la sentencia para evitar futuras sanciones. Asimismo, se ordena la notificación personal a los involucrados y la remisión del expediente al Consejo de Estado para consulta jurisdiccional. Este pronunciamiento refleja la importancia de la efectiva ejecución de las sentencias en materia ambiental y administrativa, especialmente en proyectos vinculados a la protección del medio ambiente y la salud pública, como el manejo adecuado de aguas residuales. Además, pone en relieve la responsabilidad directa de las autoridades municipales en garantizar el cumplimiento de las obligaciones judiciales y administrativas en beneficio de la comunidad y del ecosistema regional. Finalmente, el Tribunal invita a las autoridades municipales a fortalecer sus procesos de planificación y gestión ambiental, y a establecer canales efectivos de comunicación con las comunidades afectadas para asegurar la transparencia y participación ciudadana en la ejecución de proyectos ambientales. El cumplimiento riguroso de estas medidas será fundamental para preservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Pasto y sus alrededores.