Providencia y contexto procesal

El Tribunal Administrativo de Nariño, en ejercicio de su competencia en primera instancia, emitió un auto el 12 de febrero de 2026 dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el número correspondiente, en el que se ordena continuar la ejecución contra el Municipio de San Francisco (Putumayo). La providencia responde al cumplimiento de una obligación derivada de una sentencia judicial previa que reconoció derechos laborales a favor del demandante, ahora acreedor.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso tiene su origen en una sentencia de primera instancia dictada por dicho Tribunal y confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado, que reconoció una relación laboral entre el demandante y el municipio durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y marzo de 2013. La obligación de pagar prestaciones sociales y bonificaciones del demandante fue establecida en esa providencia. El Tribunal ya había librado mandamiento de pago en diciembre de 2025, ordenando al Municipio el pago de diversas sumas por concepto de prestaciones sociales, incluyendo vacaciones, primas y cesantías, junto con sus respectivos intereses y actualización monetaria conforme a la normatividad vigente, entre ellas el Decreto Ley 1042 de 1978 y la Ley 995 de 2005. La suma total del crédito, incluyendo intereses calculados según las tasas DTF y comercial, asciende a más de diecinueve millones de pesos. La entidad demandada presentó excepciones alegando falta de requisitos administrativos para el cumplimiento del pago, principalmente por dificultades en la entrega de documentación tras cambios administrativos y la necesidad de constancia de ejecutoria. Sin embargo, estas excepciones no están entre las previstas para suspender la...