Contexto y competencia del tribunal

El Tribunal Administrativo del Huila, en su Sala Primera de Decisión, dentro de un proceso de reparación directa, atendió una solicitud de aclaración y corrección respecto de la sentencia de segunda instancia proferida el 21 de octubre de 2025. Esta providencia revisó parcialmente una sentencia anterior del Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, emitida el 14 de marzo de 2019. La petición fue formulada por la parte actora mediante apoderado, quien solicitó aclarar y corregir la parte resolutiva relacionada con la forma de calcular la indemnización por perjuicios morales. La competencia para resolver la solicitud se estableció conforme al artículo 286 del Código General del Proceso (CGP), en concordancia con el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). No se identificaron circunstancias que invalidaran lo actuado, por lo que el tribunal pudo pronunciarse sobre la aclaración y corrección planteada.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se inició con una demanda de reparación directa contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En primera instancia, el juzgado decidió condenar al ICBF a pagar indemnizaciones por perjuicios morales, entre otros aspectos. Esta decisión fue apelada por ambas partes, y la sentencia de segunda instancia revocó parcialmente los resolutivos tercero, cuarto y quinto de la sentencia inicial, confirmando lo demás. En particular, el resolutivo cuarto ordenó al Instituto pagar la indemnización correspondiente en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del fallo de segunda instancia. Sin embargo, la parte actora argumentó que existía una inconsistencia porque, aunque se indicaba el pago conforme al salario vigente...