Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo del Huila, en su sala de primera decisión, emitió un auto el 20 de octubre de 2025, rechazando un recurso de apelación interpuesto contra un auto proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva el 25 de septiembre de 2025. Este último había concedido una medida cautelar que ordenaba el embargo y retención de fondos pertenecientes a la entidad demandada en diversas cuentas financieras, por un monto limitado a $30.749.232.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó con la solicitud de embargo y retención de dineros realizada por la parte actora en enero de 2020, dirigida a asegurar el cumplimiento de una obligación derivada de un acuerdo conciliatorio extrajudicial aprobado judicialmente en 2014. Durante el trámite, el juzgado había negado inicialmente la medida cautelar, pero luego la decretó parcialmente y posteriormente actualizó el valor embargado conforme a las liquidaciones del crédito. La parte demandada, representada en el proceso por un apoderado, interpuso recurso de apelación contra el auto que ordenó la medida cautelar, alegando la inembargabilidad de sus recursos y rentas. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia debió examinar si dicho recurso había sido interpuesto en debida forma y si correspondía revocar la medida cautelar.

Consideraciones jurídicas del Tribunal

El Tribunal Administrativo del Huila confirmó su competencia conforme al artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y verificó que la decisión recurrida era apelable según el artículo 243-5 del mismo código. El núcleo del análisis giró en torno a la legitimación procesal para interponer el recurso. En este sentido, el tribunal recordó que según el artículo 160 del CPACA, la representación de las entidades públicas en procesos contenciosos administrativos debe realizarse mediante abogado debidamente apoderado, sea mediante poder otorgado formalmente o delegación administrativa. En el caso concreto, el recurso fue presentado por un abogado que no acreditó contar con el poder o acto administrativo que le habilite para representar a la entidad demandada. Esta falta de apoderamiento implicó que el recurso de apelación careciera de derecho de postulación y, por ende, no pudiera ser tramitado ni resuelto.

Decisión y efectos

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Huila resolvió:

• Rechazar el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 25 de septiembre de 2025, que decretó la medida cautelar.
• Remitir el expediente al juzgado de origen para continuar con el trámite conforme a derecho, una vez esta decisión quede en firme y se realicen las constancias correspondientes en el sistema de gestión procesal.

Esta providencia destaca la importancia del cumplimiento estricto de los requisitos de representación procesal en la interposición de recursos, especialmente en procesos administrativos donde la legitimación formal es un requisito esencial para la validez de los actos procesales. Además, confirma la vigencia y aplicación de las normas que regulan la inembargabilidad y las excepciones en el ámbito del embargo de bienes y dineros públicos. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.