Providencia judicial en segunda instancia

El Tribunal Administrativo del Huila, en su sala primera de decisión, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra el auto del 19 de septiembre de 2025, mediante el cual el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva decretó la medida cautelar solicitada por el actor. La controversia surgió en el marco de un proceso ejecutivo cuyo objeto era el embargo y retención de dineros en cuentas bancarias a nombre del Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante solicitó la medida cautelar el 3 de septiembre de 2024, pidiendo el embargo en varias entidades financieras de los fondos pertenecientes a la parte ejecutada. Inicialmente, el Juzgado negó la solicitud fundamentándose en la ausencia de cuantificación precisa y en el trámite pendiente de liquidación del crédito. Sin embargo, mediante recurso de apelación, la decisión fue revocada y se ordenó al juzgado inferior dictar la medida sin los requisitos que inicialmente impuso. Posteriormente, el 19 de septiembre de 2025, el juzgado decretó el embargo limitado a la suma de ochenta y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil cuarenta y dos pesos ($85.869.042), con indicaciones claras respecto a la exclusión de ciertos recursos protegidos por ley, como los destinados a sentencias, conciliaciones, fondos de contingencias, el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías. Además, ordenó que la entidad financiera remitiera certificación del depósito embargado, conforme a las disposiciones legales vigentes. La entidad demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, argumentando la improcedencia del embargo por tratarse de recursos públicos incorporados al...