Contexto y naturaleza de la providencia

El Tribunal Administrativo del Huila, en su Sala de Decisión No. 5, emitió un auto el 10 de febrero de 2026, resolviendo sobre la procedencia de aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia dictada el 9 de diciembre de 2025. Dicha sentencia correspondió a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que una ciudadana demandó al Ministerio de Educación Nacional y al Departamento del Huila, solicitando el reconocimiento de diferencias salariales relacionadas con escalafón docente.

Antecedentes fácticos y procesales

La demandante acudió a la jurisdicción administrativa solicitando el reconocimiento de diferencias salariales decretadas en 2009 para ciertos grados del escalafón docente, fundamentando su pretensión en normas legales y jurisprudencia aplicable. La demanda fue desestimada en primera instancia y confirmada en segunda instancia. Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional, dentro del término legal, solicitó la aclaración y adición de la sentencia de segunda instancia, específicamente respecto a la decisión de no condenar en costas a la parte actora.

Consideraciones del Tribunal sobre la condena en costas

La solicitud de aclaración y adición se centró en la interpretación del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por la Ley 2080 de 2021, que establece que la condena en costas procede únicamente cuando se determine que la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal. El Ministerio de Educación Nacional argumentó que la sentencia aplicó un criterio subjetivo y no valorativo, lo que desvirtuaría la finalidad compensatoria y disuasoria de la condena en costas, y solicitó que se reconocieran las costas y agencias de derecho a su favor. El Tribunal recordó que, conforme al artículo 285 del Código General del Proceso (CGP), las providencias pueden aclararse o adicionarse cuando existan conceptos o frases en la parte resolutiva que generen dudas o contradicciones que influyan en la decisión. Sin embargo, señaló que la sentencia de segunda instancia fue clara al aplicar el criterio objetivo-valorativo actual, estableciendo que no hubo manifiesta carencia de fundamento legal en la demanda ni en el recurso de apelación. Se enfatizó que el hecho de que la demanda fuera desestimada no implica que la parte actora haya actuado con abuso o mala fe, dado que fundamentó su petición en normas y jurisprudencia razonablemente aplicables. En consecuencia, no se afectaron indebidamente los recursos públicos y correspondía a la entidad demandada ejercer su derecho a la defensa. Respecto a la adición, el Tribunal explicó que la sentencia resolvió todos los puntos de la litis relacionados con la condena en costas, sin omitir pronunciamientos que requirieran complementación. Por ello, rechazó la solicitud de adición.

Decisión final

Con base en lo anterior, el Tribunal Administrativo del Huila negó la solicitud de aclaración y adición presentada por el Ministerio de Educación Nacional. La providencia reafirma el criterio jurisprudencial de que la condena en costas en procesos administrativos procede únicamente ante la existencia de una manifiesta carencia de fundamento legal en la demanda, criterio objetivo que protege el acceso a la justicia y el debido proceso. Esta decisión tiene relevancia para los procesos contencioso-administrativos en Colombia, pues clarifica la aplicación del artículo 188 del CPACA en materia de condena en costas y fortalece la interpretación objetiva del estándar para su imposición, asegurando un equilibrio justo entre la defensa de los derechos de las partes y la protección de los recursos públicos.