Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en su despacho 01 y mediante auto interlocutorio de primera instancia, resolvió sobre la solicitud de medidas cautelares presentada en un proceso ejecutivo orientado al cobro de una condena emanada de una sentencia de la jurisdicción contencioso administrativa. La providencia dispone el embargo y retención de dineros que posea o pueda poseer la entidad pública demandada en distintas cuentas bancarias, con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación reconocida judicialmente.

Antecedentes fácticos y procesales

La solicitud fue presentada por los apoderados judiciales de los ejecutantes, quienes instaron el embargo de las sumas depositadas en diversas entidades financieras a nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Los montos reclamados corresponden al capital, intereses moratorios y costas procesales reconocidos en sentencia. La petición se fundamentó en el artículo 599 del Código General del Proceso (CGP), que regula las medidas cautelares en el trámite ejecutivo.

Consideraciones jurídicas del Tribunal

El Tribunal abordó inicialmente la competencia para decretar medidas cautelares, precisando que, conforme al artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, que modificó la Ley 1437 de 2011, estas decisiones en primera instancia corresponden a ponente. En cuanto al fondo, se analizó el principio de inembargabilidad de los recursos públicos, consagrado en el artículo 594 del CGP y en la jurisprudencia constitucional y administrativa. Se recordó que, aunque este principio protege los recursos del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales, la Corte Constitucional ha establecido excepciones en casos de sentencias ejecutoriadas, créditos laborales y títulos claros, expresos y exigibles emanados del Estado. El Consejo de Estado ha complementado este criterio, señalando que, para efectos de ejecución de sentencias, pueden embargarse las cuentas corrientes y de ahorros abiertas por las entidades públicas que reciban recursos del Presupuesto General de la Nación, salvo aquellas exclusivas para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, los rubros destinados al pago de sentencias y conciliaciones y el Fondo de Contingencias, que permanecen inembargables. Asimismo, se tuvo en cuenta la diferenciación establecida en la jurisprudencia sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), distinguiendo entre los fondos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), que admiten excepciones al principio de inembargabilidad en el marco de sentencias judiciales, y aquellos provenientes de cotizaciones, que mantienen su inembargabilidad absoluta.

Decisión adoptada y alcance

Con base en estos fundamentos, el Tribunal decretó el embargo de los dineros que la entidad pública ejecutada tenga o llegare a tener depositados en las cuentas de ahorro, corrientes o cualquier otro título bancario en diversas entidades financieras señaladas, por las sumas reconocidas en la sentencia y sus intereses moratorios. Se aclaró que el embargo procede respetando las limitaciones legales relativas a la inembargabilidad, en particular:

• Los recursos depositados en cuentas exclusivas para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
• Los rubros del presupuesto destinados al pago de sentencias, conciliaciones y al Fondo de Contingencias.
• Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que no provengan del Sistema General de Participaciones.

Para garantizar la transparencia y la correcta aplicación de la medida, se ordenó remitir copia de la providencia a las entidades financieras involucradas, para que observen el fundamento legal y jurisprudencial que sustenta la excepción al principio de inembargabilidad.

Conclusión

Este pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Magdalena reafirma la posibilidad de imponer medidas cautelares sobre recursos públicos bajo ciertas condiciones, garantizando así el cumplimiento de obligaciones reconocidas judicialmente sin desconocer las protecciones legales vigentes. La decisión se inscribe en un marco de interpretación que equilibra la protección del patrimonio público con el derecho efectivo al cobro de sentencias ejecutoriadas, fortaleciendo la confianza en la administración de justicia y en el cumplimiento de las obligaciones estatales.