Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en su despacho 01 y mediante auto interlocutorio de primera instancia, resolvió sobre la solicitud de medidas cautelares presentada en un proceso ejecutivo orientado al cobro de una condena emanada de una sentencia de la jurisdicción contencioso administrativa. La providencia dispone el embargo y retención de dineros que posea o pueda poseer la entidad pública demandada en distintas cuentas bancarias, con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación reconocida judicialmente.

Antecedentes fácticos y procesales

La solicitud fue presentada por los apoderados judiciales de los ejecutantes, quienes instaron el embargo de las sumas depositadas en diversas entidades financieras a nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Los montos reclamados corresponden al capital, intereses moratorios y costas procesales reconocidos en sentencia. La petición se fundamentó en el artículo 599 del Código General del Proceso (CGP), que regula las medidas cautelares en el trámite ejecutivo.

Consideraciones jurídicas del Tribunal

El Tribunal abordó inicialmente la competencia para decretar medidas cautelares, precisando que, conforme al artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, que modificó la Ley 1437 de 2011, estas decisiones en primera instancia corresponden a ponente. En cuanto al fondo, se analizó el principio de inembargabilidad de los recursos públicos, consagrado en el artículo 594 del CGP y en la jurisprudencia constitucional y administrativa. Se recordó que, aunque este principio protege los recursos del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales, la Corte Constitucional ha establecido excepciones en casos de sentencias ejecutoriadas, créditos laborales y títulos claros, expresos...