Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en segunda instancia y mediante un auto interlocutorio, resolvió sobre el impedimento presentado contra dos magistrados que integraban la Sala encargada de conocer un recurso de apelación laboral. El proceso versa sobre la demanda de reconocimiento y liquidación de la bonificación judicial como factor salarial para efectos de prestaciones sociales, creada por el Decreto 383 de 2013.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó tras una sentencia de primera instancia proferida por un juzgado administrativo transitorio, que concedió las pretensiones de la demanda. La parte demandada interpuso recurso de apelación dentro de los términos legales, y el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo del Magdalena para su decisión en segunda instancia. Inicialmente, la ponencia correspondió a un magistrado de la Sala Quinta, quien se declaró impedido debido a que, previamente, había ejercido funciones como juez administrativo y presentó reclamación administrativa con similares pretensiones a las del demandante, configurando así un interés indirecto en el proceso. Posteriormente, otro magistrado de la Sala Cuarta también se declaró impedido por haber iniciado una demanda similar en otra jurisdicción, lo que igualmente configura interés indirecto.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La providencia se basó en el numeral 3º del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 2021, que regula el trámite para resolver impedimentos dentro de los cuerpos colegiados. Además, citó el artículo 141 del Código General del Proceso, que establece las causales de recusación, entre ellas la existencia de interés directo o indirecto del juez en...