Contexto y naturaleza de la decisión

El pasado 26 de enero de 2026, el Despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena emitió un auto interlocutorio de trámite en segunda instancia. Este auto admitió el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Educación Nacional contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2025 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Santa Marta. La sentencia de primera instancia había negado las pretensiones de la demanda presentada contra una agente estatal por presunta conducta dolosa.

Antecedentes fácticos y procesales

El Ministerio de Educación Nacional demandó a una exagente estatal por conductas dolosas o gravemente dolosas en el ejercicio de sus funciones. El Juzgado de primera instancia negó la demanda, decisión que fue notificada a las partes el 2 de octubre de 2025. Dentro del término legal, el Ministerio interpuso y sustentó el recurso de apelación el 15 de octubre de 2025. Posteriormente, el recurso fue concedido mediante auto del 9 de octubre y el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo del Magdalena para su estudio en segunda instancia.

Consideraciones jurídicas del Tribunal

El Tribunal realizó un análisis exhaustivo sobre la procedencia y oportunidad del recurso de apelación, con base en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones por la Ley 2080 de 2021. También examinó el trámite del recurso conforme al artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), considerando las modificaciones recientes que regulan la celebración de audiencias de conciliación y las posibles sanciones por temeridad o renuencia. En cuanto a la solicitud de práctica de prueba en segunda instancia, el Tribunal examinó el pedido del apoderado judicial del Ministerio de Educación, quien solicitó la incorporación de una comunicación de la Contraloría General de la República. Aplicando el artículo 212 del CPACA, el Tribunal recordó que las pruebas deben solicitarse dentro de los términos y oportunidades previstos, y que en segunda instancia solo pueden decretarse en casos específicos, como acuerdo entre partes o hechos posteriores a la primera instancia. El Tribunal concluyó que la solicitud de práctica de prueba no cumplió con la oportunidad legal establecida, pues no fue presentada dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso. Por tanto, se abstuvo de decretar dicha prueba.

Disposiciones finales y notificaciones

El auto dispone la admisión del recurso de apelación y la abstención de decretar la prueba solicitada, notificando personalmente al Agente del Ministerio Público conforme al numeral 3° del artículo 198 del CPACA. Además, recuerda a las partes la obligatoriedad de usar la plataforma virtual SAMAI para radicar documentos y consultar el expediente digital. La providencia fue firmada electrónicamente, garantizando su autenticidad e integridad. Esta decisión reafirma la rigurosidad del procedimiento administrativo en cuanto a los recursos y la práctica de pruebas, destacando la importancia del respeto a los términos procesales para la adecuada administración de justicia en casos que involucran la responsabilidad de agentes estatales. Con esta admisión del recurso de apelación, el proceso continuará su curso en segunda instancia, donde se analizarán nuevamente los argumentos y pruebas presentados para determinar la responsabilidad o no de la exagente estatal demandada.