Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta por una ciudadana que alegó vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social. Esto, en el marco de un proceso de calificación de invalidez iniciado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena. La accionante cuestionó la demora en el trámite de su recurso de apelación contra un dictamen que determinó su pérdida de capacidad laboral y ocupacional. El recurso fue interpuesto oportunamente y concedido por la Junta Regional, que ordenó remitir el expediente a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Sin embargo, esta remisión condicionó la entrega a la consignación previa de honorarios, los cuales debían ser pagados por la administradora de pensiones. La falta de consignación demoró la continuación del proceso, generando preocupación por la afectación de derechos fundamentales de la accionante, quien se encontraba en condición de incapacidad laboral y sin ingresos.

Providencia de primera instancia

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta negó el amparo solicitado. La decisión se basó en que el plazo otorgado para la consignación de honorarios era de sesenta (60) días hábiles desde la fecha de concesión del recurso de apelación, plazo que no había expirado a la fecha de la solicitud de tutela. En consecuencia, no se configuró vulneración alguna de derechos fundamentales por parte de las entidades involucradas.

Impugnación y argumentos de la accionante

La accionante impugnó esta decisión alegando que el término debía contarse en días calendario y no hábiles. Sostuvo que, conforme al Anexo Técnico de...