Contexto y antecedentes procesales

El proceso se originó a partir de una demanda presentada por un trabajador contra una sociedad comercial, en la cual se solicitó el reconocimiento de la existencia de un contrato laboral desde 1996 hasta 2019 y la declaración de despido injustificado. Además, se reclamó el pago de salarios adeudados, indemnizaciones y sanciones moratorias conforme a lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), así como el pago de perjuicios económicos y costas procesales. En primera instancia, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la sociedad demandada y a una sociedad de activos especiales de todas las pretensiones formuladas por el demandante, declarando inexistente la obligación de pago por despido sin justa causa y condenando en costas al actor. Posteriormente, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín revocó esta sentencia en segunda instancia, declarando la existencia del contrato laboral y la terminación sin justa causa, condenando al empleador al pago de salarios adeudados e indemnización por despido injustificado conforme al literal b) del artículo 64 del CST. Además, absolvió a la sociedad de activos especiales y condenó en costas a la parte demandada. Una sentencia complementaria de la misma Sala ordenó la indexación de las condenas desde la fecha del despido hasta el momento del pago.

Consideraciones jurídicas del auto de casación

La Sala de Decisión Laboral analizó la procedencia del recurso extraordinario de casación, el cual está sujeto a tres requisitos principales: i) que sea interpuesto contra sentencia de segunda instancia en procesos ordinarios, ii) que exista interés económico para recurrir, y iii) que se interponga dentro del término legal de quince días siguientes a la notificación de la sentencia. Respecto al interés económico, se destacó que tanto el demandante como el demandado superan el umbral legal fijado en 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), equivalente a $170.820.000 para el año 2025. En particular, la sanción moratoria reclamada por el demandante asciende a más de $747 millones, y la indemnización por despido injustificado reclamada por la demandada supera los $371 millones. La Sala concluyó que estos montos justifican plenamente la admisión del recurso de casación para que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia revise el fondo del asunto.

Decisión adoptada

En consecuencia, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, concedió el recurso de casación interpuesto por ambas partes contra la sentencia de segunda instancia. La providencia fue notificada por anotación en estados procesales. Esta decisión permitirá que la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Laboral, realice un análisis definitivo sobre la existencia del contrato laboral, la procedencia del despido injustificado, las indemnizaciones y las sanciones relacionadas en este caso que involucra derechos laborales fundamentales. La resolución destaca la importancia del cumplimiento de los requisitos legales para la admisión del recurso de casación y subraya el papel del Tribunal Superior como instancia que garantiza la correcta aplicación del derecho laboral en defensa de los intereses jurídicos de las partes, asegurando así la protección efectiva de los derechos laborales y la justicia en las relaciones laborales.