Providencia judicial y contexto procesal

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín profirió un auto el 20 de febrero de 2026 en el marco de un proceso ejecutivo conexo, radicado bajo el número 05001310502120220027001. En este proceso, la parte ejecutante reclamaba el pago de salarios, prestaciones sociales legales y convencionales derivadas de la relación laboral con la empresa ejecutada, conforme a una sentencia que declaró el despido como ilegal y ordenó el reintegro al cargo. El juzgado de primera instancia había emitido previamente un auto, el 29 de octubre de 2024, que modificó la liquidación del crédito laboral y declaró terminado el proceso por pago total de la obligación, estableciendo la entrega de remanentes y la devolución de un embargo a la empresa ejecutada. El ejecutante formuló recurso de apelación contra esta decisión.

Antecedentes y fundamentos de la decisión

El asunto central radica en determinar la correcta liquidación del crédito laboral, en particular la aplicación o no de incrementos salariales posteriores al año 2019, conforme a la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) 2015–2019 suscrita entre la empresa y el sindicato correspondiente. La sentencia ejecutoria ordenó el reintegro del trabajador al cargo que desempeñaba al momento del despido o a uno de similar categoría y salario, así como el pago de salarios y prestaciones con aumentos convencionales o legales, indexados desde la fecha del despido hasta el reintegro efectivo. El juzgado de primera instancia aplicó el capítulo especial de la CCT, que regula las condiciones para los trabajadores vinculados después del 15 de octubre de 2015, estableciendo que los aumentos salariales se reconocen...