Contexto y tribunal competente

La providencia judicial fue emitida por la Sección Tercera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de un proceso de reparación directa. La decisión se pronunció sobre recursos interpuestos contra un auto proferido por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo de Bogotá, que libró mandamiento de pago parcial contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. El expediente judicial se identificó bajo el número 110013343063 2023 00191 01.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda inicial buscaba el pago total de sumas reconocidas en sentencias previas dentro de un proceso de reparación directa. En primera instancia, el juzgado libró un mandamiento de pago parcial por un saldo de $26.093.668,68, que correspondía a una parte de la obligación pendiente, relacionada con una condena impuesta en sentencia de segunda instancia. La parte demandante interpuso recurso de reposición en subsidio apelación contra ese auto, cuestionando la imputación de los pagos parciales a intereses y no a capital, conforme al artículo 1653 del Código Civil. Posteriormente, el juzgado decidió no reponer la decisión y concedió recurso de apelación, pero la Sala Primera de Apelaciones declaró inadmisible dicho recurso. La parte demandante interpuso entonces un recurso de reposición contra esta inadmisibilidad, que fue estudiado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Consideraciones jurídicas y motivo principal de la decisión

El Tribunal recordó que, según el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma en contrario, y debe interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación. En este caso, el recurso fue presentado oportunamente y era procedente. Respecto al fondo del asunto, la Sala destacó que la parte demandante tenía razón al sostener la procedencia del recurso de apelación, dado que el mandamiento de pago parcial implicaba una negativa implícita a la totalidad de las pretensiones de la demanda ejecutiva, situación contemplada en el numeral 1 del artículo 243 del CPACA como susceptible de apelación. El núcleo jurídico se centró en la aplicación del artículo 1653 del Código Civil, que establece que los pagos parciales realizados deben imputarse primero a intereses y luego a capital, salvo manifestación expresa en contrario por parte del acreedor. Esta norma es aplicable en la jurisdicción contencioso administrativa, con base en la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado. En el caso concreto, el pago parcial efectuado por el Ministerio de Defensa debía imputarse primero a intereses moratorios causados hasta la fecha del pago, y el remanente aplicarse al capital. El juzgado de primera instancia, sin embargo, libró mandamiento de pago por el saldo pendiente, considerándolo erróneamente como correspondiente a intereses y no a capital. Por lo tanto, la Sala modificó el auto original del 1 de noviembre de 2023 para precisar que el saldo insoluto corresponde a capital y que sobre este valor seguirán causándose intereses moratorios hasta la cancelación total de la obligación.

Decisión

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

• Revocó la providencia que declaró inadmisible el recurso de apelación.
• Modificó el numeral primero del auto del 1 de noviembre de 2023, librando mandamiento de pago por $26.093.668,68 como saldo de capital insoluto, con los intereses moratorios que se causen hasta el pago total.
• Ordenó notificar a las partes y devolver el expediente al juzgado de origen para su trámite.
• Estableció que contra esta providencia no procede recurso alguno, conforme al numeral 4 del artículo 243A del CPACA.

Esta decisión reafirma la aplicación del artículo 1653 del Código Civil en la imputación de pagos parciales en procesos contra entidades públicas, garantizando una correcta extinción ordenada de las obligaciones derivadas de condenas judiciales. Así, se asegura que los pagos realizados por la entidad pública se imputen adecuadamente, protegiendo los derechos de las partes involucradas y promoviendo la seguridad jurídica en el cumplimiento de las obligaciones.