Contexto y antecedentes del proceso

El presente caso se originó con una demanda ejecutiva contractual presentada en marzo de 2017 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra Gran Central de Abastos del Caribe S.A., solicitando el pago de una suma millonaria derivada de obligaciones contractuales y la liquidación de intereses. En noviembre de 2019, el tribunal libró mandamiento de pago a favor del Ministerio por más de tres mil quinientos millones de pesos, incluyendo capital, intereses capitalizados, intereses corrientes y de mora, calculados conforme a las tasas máximas legales permitidas. La parte demandada contestó la demanda en febrero de 2020, oponiéndose a las pretensiones y proponiendo varias excepciones, entre ellas la prejudicialidad por otro proceso en curso, la presunta usura en el cobro de intereses y la ilegalidad del anatocismo (capitalización de intereses). Tras el traslado de dichas excepciones, el tribunal decretó pruebas mediante auto de septiembre de 2023, decisión que fue confirmada en abril de 2024. En noviembre de 2025, el tribunal revisó el trámite procesal y advirtió que el decreto de pruebas se había realizado fuera del marco legal previsto, pues no se había convocado ni desarrollado la audiencia inicial requerida por los artículos 372 y 443 del Código General del Proceso, que establecen una secuencia procesal ordenada para resolver excepciones y decretar pruebas en una misma diligencia con inmediación judicial.

Consideraciones jurídicas y fundamentos del auto

El tribunal manifestó que la audiencia inicial no es una mera formalidad, sino el eje estructural del proceso ejecutivo que garantiza la concentración, inmediación y contradicción de las pruebas. El decreto de pruebas por...