Contexto y antecedentes del caso

La acción judicial fue presentada por una EPS bajo medida de toma de posesión, que interpuso un medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y la ADRES. La demanda busca que estas entidades sean declaradas patrimonialmente responsables por el reconocimiento y pago insuficiente de los recursos correspondientes a los presupuestos máximos asignados para financiar servicios y tecnologías en salud no cubiertos con cargo a la UPC durante la vigencia 2022. El actor sostiene que la insuficiencia en los recursos asignados le obligó a asumir con su propio patrimonio el costo de estos servicios, lo que generó un desequilibrio económico y detrimento patrimonial. En consecuencia, solicita el pago de una suma determinada por concepto de reparación del daño emergente, intereses de mora y otros conceptos relacionados. Los hechos se originan en la expedición de la Resolución que fijó el presupuesto máximo para los primeros meses del año 2022, en la que el Ministerio de Salud señaló que la información completa para asignar el presupuesto total no estaba disponible hasta marzo de 2022. Posteriormente, se expidieron otros actos administrativos que ajustaron el presupuesto máximo con base en la información disponible.

Análisis jurídico y competencia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sub Sección C, tuvo inicialmente asignado el conocimiento del proceso. Sin embargo, al analizar el contenido de la demanda y la naturaleza del perjuicio alegado, determinó que la controversia radica en el cuestionamiento directo de los actos administrativos mediante los cuales se fijaron y ajustaron los presupuestos máximos para la vigencia 2022. Según el artículo 18 del Decreto 2288 de 1989, la Sección Primera del Tribunal es competente para conocer procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que no estén asignados expresamente a otras secciones, mientras que la Sección Tercera conoce de reparación directa y cumplimiento. Dado que el daño alegado proviene del contenido y efectos jurídicos de actos administrativos —no de hechos u omisiones autónomas—, el medio de control idóneo es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Por ende, la Sección Tercera declaró su falta de competencia y ordenó la remisión del expediente a la Sección Primera para el trámite correspondiente. Esta decisión se limita a la cuestión de competencia por distribución interna del Tribunal, sin entrar a analizar otros factores de procedencia o mérito del caso.

Consideraciones finales del auto

El Tribunal enfatizó que la demanda cuestiona la legalidad, suficiencia y razonabilidad de actos administrativos generales y particulares que determinaron el monto de los recursos transferidos para financiar servicios no cubiertos con la UPC, lo que configura una controversia sobre decisiones administrativas concretas. En consecuencia, el proceso debe tramitarse bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya competencia corresponde a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La remisión busca garantizar la adecuada distribución de funciones judiciales y el correcto ejercicio del control judicial sobre actos administrativos en materia de salud pública. Esta providencia contribuye a delimitar con claridad los mecanismos procesales idóneos para resolver controversias relacionadas con la financiación del sistema de salud y la responsabilidad patrimonial del Estado frente a las EPS, facilitando así la administración de justicia en este ámbito. Así, se espera que este pronunciamiento sirva de precedente para casos similares en el futuro, promoviendo mayor seguridad jurídica y transparencia en la asignación y control de los recursos públicos destinados a la salud.