Contexto y antecedentes del caso

La acción judicial fue presentada por una EPS bajo medida de toma de posesión, que interpuso un medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y la ADRES. La demanda busca que estas entidades sean declaradas patrimonialmente responsables por el reconocimiento y pago insuficiente de los recursos correspondientes a los presupuestos máximos asignados para financiar servicios y tecnologías en salud no cubiertos con cargo a la UPC durante la vigencia 2022. El actor sostiene que la insuficiencia en los recursos asignados le obligó a asumir con su propio patrimonio el costo de estos servicios, lo que generó un desequilibrio económico y detrimento patrimonial. En consecuencia, solicita el pago de una suma determinada por concepto de reparación del daño emergente, intereses de mora y otros conceptos relacionados. Los hechos se originan en la expedición de la Resolución que fijó el presupuesto máximo para los primeros meses del año 2022, en la que el Ministerio de Salud señaló que la información completa para asignar el presupuesto total no estaba disponible hasta marzo de 2022. Posteriormente, se expidieron otros actos administrativos que ajustaron el presupuesto máximo con base en la información disponible.

Análisis jurídico y competencia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sub Sección C, tuvo inicialmente asignado el conocimiento del proceso. Sin embargo, al analizar el contenido de la demanda y la naturaleza del perjuicio alegado, determinó que la controversia radica en el cuestionamiento directo de los actos administrativos mediante los cuales se fijaron y ajustaron los presupuestos máximos para la vigencia 2022. Según...