Contexto y antecedentes del caso

El 9 de junio de 2025, un particular interpuso demanda de nulidad contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y una empresa estatal petrolera, con el propósito de anular el Acta de Suspensión No. 4. Este acto administrativo suspendía la ejecución del Contrato Especial de Proyecto de Investigación (CEPI) No. 1 KALÉ, orientado a investigaciones sobre yacimientos petroleros no convencionales mediante la técnica de fracturamiento hidráulico (fracking). Entre las pretensiones de la demanda se incluyó la presentación de documentos y estudios complementarios, la incorporación de un estudio universitario como prueba, la verificación de licencias ambientales por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y la suspensión provisional del acto cuestionado para prevenir riesgos ambientales. Inicialmente, el caso fue asignado a un juzgado administrativo de Bogotá, pero por tratarse de un acto expedido por una autoridad nacional y conforme a disposiciones legales, fue remitido al Consejo de Estado. Sin embargo, este último, tras analizar cambios normativos, declaró su falta de competencia para conocer el asunto y ordenó remitir el proceso a la jurisdicción administrativa de primera instancia.

Competencia y fundamentos legales

La decisión se basa en reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021, que modificó la distribución de competencias dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. En particular, el artículo 152, numeral 24, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), establece que los Tribunales Administrativos son competentes en primera instancia para conocer asuntos petroleros en los que la Nación o entidades territoriales sean parte, sin importar el medio de control interpuesto. Además, la derogación expresa del...