Contexto y antecedentes del proceso

La providencia fue emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera - Subsección “A”, en el marco de un proceso de protección de derechos e intereses colectivos iniciado por una cooperativa empresarial contra la Nación, representada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y otras entidades públicas y privadas. La demanda tuvo como objetivo proteger el derecho colectivo a un ambiente sano, el equilibrio ecológico y la conservación de recursos naturales, debido a la intervención no autorizada en el cauce del río Sumapaz, específicamente en la vereda Malachi. En una sentencia de junio de 2015, el Tribunal declaró la vulneración del derecho colectivo al medio ambiente sano y ordenó a las entidades demandadas adoptar medidas para cesar la ocupación y explotación ilegal del río, así como para restaurar el cauce natural y los ecosistemas afectados. Esta decisión fue confirmada por el Consejo de Estado en abril de 2018, el cual además aclaró responsabilidades y funciones de asistencia técnica asignadas a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Desarrollo y motivo del incidente de desacato

Pese a las órdenes judiciales, el Tribunal constató que las entidades involucradas, incluyendo la ANLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) y la sociedad concesionaria de la autopista Bogotá-Girardot, no acreditaron el cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas para la protección y restauración ambiental del río Sumapaz. Ante esta situación, el Despacho abrió un incidente de desacato mediante auto de diciembre de 2021, requiriendo informes detallados y soporte documental sobre las acciones realizadas para cumplir...