Contexto y naturaleza de la decisión

El pasado 24 de febrero de 2026, la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un auto interlocutorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Este auto tiene por objeto decretar las pruebas necesarias para la adecuada resolución del litigio, que se origina a partir de una expropiación administrativa ordenada por la entidad demandada.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se inició por la presentación de una demanda que cuestiona la legalidad de una expropiación administrativa relacionada con un apartamento específico. La expropiación fue ordenada mediante resolución administrativa, generando controversia sobre aspectos técnicos, jurídicos y económicos, principalmente en lo concerniente al avalúo del bien inmueble objeto de la medida. En este contexto, el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 388 de 1997, que regula el trámite especial para procesos de expropiación, estableciendo un procedimiento abreviado limitado exclusivamente a la práctica de las pruebas solicitadas en la demanda. Asimismo, se consideró la normativa del artículo 210 de la Ley 1437 de 2011 y las disposiciones sobre dictamen pericial contenidas en el Código General del Proceso (artículos 226 y siguientes).

Consideraciones y fundamentos jurídicos

El Tribunal realizó un análisis riguroso de la oportunidad, necesidad, pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad de las pruebas solicitadas por las partes, concluyendo que cumplen con los requisitos para ser decretadas en el proceso. Entre las pruebas documentales se encuentran avalúos técnicos, certificaciones catastrales, notificaciones de resoluciones administrativas, conceptos de reserva vial, certificados de tradición, facturas de impuesto predial, licencias...