Contexto y antecedentes del proceso

La Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió un auto relacionado con la protección de derechos e intereses colectivos en un proceso que involucra al Concejo Municipal de La Vega, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Alcaldía municipal, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la sociedad Concesión Sabana de Occidente S.A.S., responsable del proyecto “Retorno Vial El Rey”. El caso se originó a partir de una acción popular presentada por varios actores en defensa del Guayacán Amarillo (Tabebuia chrysantha o Handroanthus chrysanthus) ubicado en el km 54+350 de la vía principal de La Vega. En octubre de 2025, el Tribunal decretó parcialmente una medida cautelar que ordenaba la suspensión inmediata de todas las actividades del proyecto que pudieran afectar directa o indirectamente al ejemplar arbóreo, mientras se esclarecían aspectos técnicos y jurídicos sobre su estado, valor ecológico y patrimonial. Posteriormente, la parte demandante solicitó la ampliación de la medida cautelar, argumentando la tala de seis árboles autorizados en la zona y la inminente tala del Guayacán centenario, lo que implicaría la destrucción irreversible de un ecosistema urbano. Se denunció que estas acciones constituían hechos consumados y mala fe procesal por parte de la concesionaria. Además, se solicitó la suspensión definitiva del diseño vial actual y la presentación de alternativas que evitaran afectar el árbol y su entorno.

Consideraciones y análisis del Tribunal

El Tribunal examinó los informes presentados por la Concesión Sabana de Occidente S.A.S. y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, quienes reportaron el cumplimiento de la medida cautelar inicial. La inspección técnica realizada el 2 de diciembre de 2025 evidenció que el Guayacán Amarillo permanecía en pie, sin evidencia de tala, poda, ni alteración en el área de influencia radicular, y que no se habían realizado actividades constructivas que afectaran el espécimen. El análisis forestal concluyó que la especie no está incluida en el listado oficial de especies amenazadas en Colombia según la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 0126 de 2024, normativa que prevalece sobre estándares internacionales como los de la UICN que, aunque reconocidos, no tienen carácter normativo en el país. Asimismo, se constató que el árbol no ha sido declarado patrimonio cultural, ecológico o paisajístico por el municipio y que su función ecológica se encuentra limitada debido a su ubicación en un área urbana fragmentada, sin formar corredores ecológicos significativos. El Tribunal también valoró que la solicitud de ampliación pretendía incluir la protección de otros seis individuos arbóreos no contemplados en el objeto procesal inicial, lo cual vulneraría el debido proceso al ampliar indebidamente el alcance de la acción popular.

Decisión judicial

Con base en estos elementos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la ampliación de la medida cautelar solicitada, dado que la medida inicial se ha cumplido cabalmente y no existen argumentos jurídicos ni técnicos que justifiquen su ampliación. Además, instó a las partes responsables a continuar cumpliendo con las órdenes judiciales vigentes. Esta decisión reafirma la importancia de respetar el objeto procesal en las acciones populares y la necesidad de apoyar las medidas cautelares en informes técnicos y legales sólidos, garantizando así la protección efectiva de los derechos colectivos y el debido proceso en materia ambiental. En síntesis, el auto del Tribunal evidencia un riguroso análisis técnico-jurídico y el respeto a los procedimientos legales establecidos, contribuyendo a un equilibrio entre el desarrollo de infraestructura y la protección ambiental en Colombia.