Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Bogotá, en el marco del proceso identificado con el número 25000-23-41-000-2025-02060-00. La magistrada ponente a cargo del caso fue la titular de la Sección Primera. El caso corresponde a un medio de control de reparación de perjuicios causados a grupo, instaurado contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol S.A., y varias empresas privadas del sector hidrocarburos.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada en diciembre de 2025 por apoderados judiciales en representación de trabajadores y extrabajadores de una empresa dedicada a actividades de perforación en el sector petrolero. Se alega la responsabilidad patrimonial del Estado y de dichas empresas por daños antijurídicos derivados de la negativa a reconocer derechos extralegales consagrados en convenciones colectivas de trabajo suscritas entre un sindicato de la industria petrolera y algunas de las empresas demandadas, correspondientes a períodos comprendidos entre 2011 y 2026. Las pretensiones incluyen la declaración de responsabilidad solidaria y civil de las entidades demandadas por perjuicios materiales e inmateriales que afectan derechos constitucionales y convencionales, tales como el derecho de asociación sindical, el trabajo digno, la igualdad y la seguridad social. Asimismo, solicitan la condena al pago individualizado de indemnizaciones relacionadas con la falta de reconocimiento de primas de antigüedad, vacaciones, gastos de transporte, prestaciones sociales y otros beneficios convencionales. Previamente, el tribunal había solicitado aclaración respecto a la posible caducidad del medio de control, conforme al artículo 47 de la Ley 472 de 1998, requiriendo información sobre la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante.

Consideraciones y decisión adoptada

En respuesta, los apoderados alegaron que el daño es continuado y que se extiende desde 2011 hasta la actualidad, dado que la falta de aplicación integral de las convenciones colectivas ocurre de manera sucesiva y sin interrupción. Sin embargo, el tribunal constató que, en al menos un caso particular, el vínculo laboral terminó en noviembre de 2024, lo que delimita una fecha cierta para la cesación del daño respecto a ese trabajador. En consecuencia, la magistrada ponente ordenó a las empresas Independence Drilling S.A. y Occidental de Colombia Inc. (actual Sierracol Energy Arauca LLC) que, en el término de diez días, suministren información detallada sobre los trabajadores y extrabajadores afectados desde 2011 a la fecha, especificando datos personales, cargos, tipo de vinculación, fechas de ingreso y retiro, y afiliación sindical. También deben informar si se han realizado solicitudes de aplicación integral de las convenciones colectivas y entregar los documentos vinculados a dichas peticiones y sus respuestas. La providencia concluye con la orden de que, una vez cumplido el requerimiento, el expediente sea devuelto al despacho para continuar con el trámite correspondiente.

Implicaciones procesales

Este auto destaca la importancia del trámite previo para la admisión de demandas relacionadas con reparación de perjuicios a grupos laborales y la necesidad de precisar la vigencia y continuidad del daño alegado. Asimismo, refleja el rol del tribunal en garantizar el debido proceso y la correcta individualización de los afectados para una eventual reparación integral. La decisión se encuentra disponible para consulta pública mediante código QR y enlace oficial, garantizando transparencia y acceso a la información procesal conforme a la Ley 1437 de 2011.