Contexto y antecedentes del caso

La Sección Primera - Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de su Despacho 007, conoció una demanda de acción popular interpuesta contra el Ministerio de Minas y Energía y el IPSE. El accionante solicitó que se declarara la vulneración de derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y el patrimonio público, derivada de la aplicación indebida del régimen privado y el desconocimiento del artículo 288 de la Ley 1955 de 2019 en la entrega de infraestructura FAZNI. Asimismo, pidió la nulidad absoluta de ciertas cláusulas contractuales y actos administrativos relacionados con la entrega de infraestructura a terceros distintos al operador de red original.

Consideraciones jurídicas y alcance de la acción popular

El Tribunal destacó que, conforme al artículo 144 del CPACA, la acción popular tiene como finalidad la protección de derechos e intereses colectivos mediante la adopción de medidas necesarias para evitar daños o vulneraciones. Sin embargo, subrayó que esta acción no faculta al juez para anular contratos o actos administrativos, competencias que corresponden exclusivamente al juez natural de cada causa contractual o administrativa. Se enfatizó que la acción popular no permite desbordar sus límites competenciales para resolver asuntos propios de la jurisdicción ordinaria en materia contractual. En este sentido, la demanda planteó pretensiones vinculadas a la nulidad de contratos y cláusulas operativas, lo cual excede la competencia del juez popular. Además, el Tribunal reiteró la jurisprudencia del Consejo de Estado que prohíbe al juez popular pronunciarse sobre la legalidad de contratos estatales, incluyendo la adopción de medidas cautelares como la suspensión provisional de contratos, que deben...