Contexto y antecedentes del proceso ejecutivo

El caso surge de un proceso ejecutivo iniciado por una pensionada que, con base en una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de junio de 2020, reclamó el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación junto con los intereses moratorios correspondientes. La actuación se dirigió en contra del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En agosto de 2022, el tribunal libró un mandamiento de pago por un monto superior a catorce millones de pesos colombianos, correspondiente exclusivamente a intereses moratorios calculados conforme a la liquidación realizada por el equipo contable del tribunal. Posteriormente, se tramitaron excepciones y se descartó la prescripción como causal de oposición al pago. En septiembre de 2023, mediante sentencia, se ordenó continuar con la ejecución en los términos del mandamiento de pago. En agosto de 2024, se aprobó formalmente la liquidación del crédito representado por los intereses moratorios adeudados. A partir de ello, la representación del Ministerio solicitó la terminación del proceso ejecutivo, aduciendo que se efectuó el pago total de la obligación, respaldado con certificación expedida por la Dirección de Prestaciones Económicas de la Vicepresidencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. La parte ejecutante fue notificada para pronunciarse sobre la solicitud, pero no presentó objeciones.

Fundamentos jurídicos y consideraciones de la providencia

El tribunal recordó los principios del Código Civil y del Código General del Proceso que regulan las obligaciones dinerarias y el pago total para la terminación de procesos ejecutivos. En particular, se enfatizó que el pago íntegro de la obligación, incluyendo capital,...