La región Pacífico colombiano enfrenta desde hace décadas profundas desigualdades y exclusión social, resultado de una estructura histórica de racismo estructural, conflictos armados y modelos extractivistas que han limitado el desarrollo integral de sus comunidades afrodescendientes, negras, indígenas y campesinas. Reconociendo estas problemáticas, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 estableció como prioridad la formulación de una política pública integral para esta región, coordinada por la Vicepresidencia de la República con apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Objetivos y ejes estratégicos

El objetivo general es aumentar el nivel de desarrollo integral de la región Pacífico para garantizar el goce efectivo de los derechos de sus pueblos étnicos y comunidades a 2035. Para ello, la política se estructura en torno a seis ejes estratégicos: 1. Avanzar en la superación de dinámicas racistas y de estigmatización hacia los pueblos étnicos y comunidades, garantizando su representación política y cultural. 2. Mitigar el impacto de las conflictividades socioterritoriales para transformar al Pacífico en un territorio de reconocimiento, diversidad y convivencia, erradicando la violencia asociada al conflicto armado y otros problemas de seguridad. 3. Mejorar la cobertura, adaptabilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad de los servicios públicos domiciliarios y sociales, incluyendo educación, salud, agua potable, saneamiento básico, energía, cultura y deporte. 4. Fortalecer las capacidades de las autoridades de planeación para coordinarse y reconocer las características ambientales y étnicas de los territorios en los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial, así como para la gestión de riesgos y ambiental. 5. Aprovechar el potencial productivo endógeno no extractivista para aumentar la productividad y competitividad con armonía entre desarrollo económico, conservación y bienestar social. 6. Impulsar el desarrollo de infraestructura para potenciar la conexión física y digital de los territorios.

Diagnóstico integral

El documento CONPES expone un diagnóstico detallado que evidencia: - La persistencia de racismo estructural que se refleja en brechas de pobreza multidimensional superiores en población afrodescendiente e indígena frente al promedio nacional. - La alta conflictividad socioterritorial derivada del conflicto armado, la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas (cultivos ilícitos y minería ilegal), y limitaciones en la protección de líderes sociales. - Deficiencias significativas en la provisión y calidad de servicios sociales y públicos, particularmente en educación, salud, agua potable, saneamiento, energía eléctrica y vivienda, con marcada desigualdad entre zonas urbanas y rurales. - Baja capacidad institucional y coordinación para el planeamiento territorial, gestión ambiental y manejo del riesgo, así como insuficiente reconocimiento de los saberes y prácticas de comunidades étnicas en estos procesos. - Una matriz productiva poco diversificada, con predominancia de actividades extractivas y bajo desarrollo de sectores sostenibles como la bioeconomía, turismo comunitario y agricultura diversificada. - Insuficiente infraestructura física y digital que limita la conectividad regional y el acceso a servicios esenciales.

Plan de acción y financiamiento

La política incluye un Plan de Acción con 166 acciones específicas a cargo de 18 ministerios y 27 entidades, con un presupuesto indicativo de 12,24 billones de pesos. Entre las acciones destacan: - Fortalecimiento de la producción de información con enfoque diferencial étnico y territorial. - Implementación de campañas educativas y culturales para erradicar el racismo y promover la memoria histórica. - Estrategias para la participación política de comunidades étnicas y fortalecimiento de sus procesos organizativos. - Programas de seguridad humana y protección de líderes sociales. - Proyectos para mejorar la infraestructura de agua potable, saneamiento, energía, educación, salud, vivienda, cultura y deporte. - Asistencia técnica y financiamiento para diversificación productiva sostenible y desarrollo tecnológico. - Mejoramiento de la infraestructura de transporte intermodal y conectividad digital.

Seguimiento y recomendaciones

El seguimiento se realizará semestralmente mediante un Plan de Acción y Seguimiento (PAS), con indicadores para medir el impacto en pobreza, educación, salud, seguridad y competitividad, entre otros.