Propósito general y objetivo principal del proyecto
El proyecto de resolución tiene como propósito principal declarar la reserva temporal de los recursos naturales renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta, con una extensión de 942.005,16 hectáreas. Esta medida preventiva y administrativa busca proteger un territorio de relevancia nacional e internacional que combina una gran diversidad biológica, funciones ecosistémicas esenciales y un profundo valor cultural para los pueblos indígenas que lo habitan.
La iniciativa responde a la necesidad de preservar la integridad ecológica, climática, hídrica y biocultural mientras se adelantan los procesos técnicos, institucionales y participativos para definir una figura definitiva de protección o manejo ambiental que garantice la conservación permanente de este ecosistema estratégico.
Nuevas disposiciones y medidas específicas propuestas
El proyecto establece que, durante el período de vigencia de la reserva temporal, no podrán otorgarse nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, ni autorizaciones para actividades mineras dentro del área delimitada. La Agencia Nacional de Minería deberá incorporar esta restricción en sus sistemas de información para asegurar el cumplimiento.
Se exceptúan de esta restricción:
- Los contratos y concesiones mineras vigentes antes de la entrada en vigencia del proyecto, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y ambientales.
- Las solicitudes en trámite de formalización minera y las actividades de minería de subsistencia reguladas por la legislación vigente.
- Autorizaciones temporales para aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas.
- Proyectos mineros con título, instrumento técnico y licencia ambiental vigentes, que podrán continuar hasta su finalización.
Además, el proyecto incluye la delimitación cartográfica del área objeto de reserva, disponible en formato digital, y establece mecanismos de comunicación interinstitucional para articular la medida con las entidades competentes, incluyendo corporaciones autónomas regionales, Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Minas y Energía, y el Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Impacto esperado y alcance potencial
Esta reserva temporal busca prevenir la degradación ambiental y preservar los servicios ecosistémicos fundamentales que proporciona la Sierra Nevada de Santa Marta, tales como la regulación hídrica, climática y la captura de carbono. El territorio abastece de agua a importantes ciudades de la región y sustenta una gran biodiversidad, incluyendo numerosas especies endémicas y ecosistemas estratégicos como bosques secos tropicales, humedales y páramos.
El proyecto reconoce la importancia de la conservación de la integridad cultural y espiritual de los pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa, cuyos conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales han contribuido a la protección de este territorio único.
La medida temporal, con vigencia de dos años o hasta la adopción de una figura definitiva de protección, permitirá avanzar en un ordenamiento minero-ambiental que armonice la formalización minera con la protección ambiental, evitando impactos acumulativos y sinérgicos que puedan generar daños irreversibles.
Participación de actores clave en la implementación
El proyecto se desarrolla bajo un enfoque participativo que involucra a entidades como las Corporaciones Autónomas Regionales de Cesar, La Guajira y Magdalena, Parques Nacionales Naturales, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y, de manera fundamental, el Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Estas instancias trabajan conjuntamente para garantizar que la reserva temporal cumpla su propósito de protección, mientras se avanza en la definición de estrategias permanentes y sostenibles para la conservación integral de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El proyecto, basado en un sólido soporte técnico y jurídico, se fundamenta en el marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente, en especial en los principios de prevención y precaución ambiental, y en la obligación del Estado de proteger la diversidad biológica y cultural, asegurando el derecho de todos a gozar de un ambiente sano.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reafirma su compromiso con la conservación de los ecosistemas estratégicos del país y la protección de los derechos de las comunidades indígenas, promoviendo un desarrollo sostenible que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
