Contexto y competencia del conflicto

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de su competencia para resolver conflictos entre jurisdicciones (artículo 241, numeral 11, Constitución Política), abordó el caso referente a un conflicto suscitado entre un Juzgado Penal Ordinario y un Tribunal de Justicia Propia de una comunidad indígena ubicada en el municipio de Viento. La controversia giró en torno a la competencia para conocer un proceso penal iniciado por la Fiscalía en contra de un miembro activo del cabildo indígena, acusado por delitos relacionados con violencia sexual contra menores de edad.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso penal tiene como objeto investigar y juzgar presuntos actos de proxenetismo agravado con menores de edad, en concurso con acceso carnal abusivo con menor de catorce años, cometidos presuntamente en un entorno familiar y en territorio reconocido como indígena. La comunidad reclamó la competencia del Tribunal de Justicia Propia, facultado para administrar justicia según sus normas, tradiciones, usos y costumbres, amparado en el artículo 246 de la Constitución y el Decreto 1953 de 2014. Por su parte, el Juzgado Penal Ordinario negó el traslado del proceso, argumentando la mayor gravedad y nocividad social de los delitos que se investigan para la sociedad mayoritaria y la falta de elementos suficientes para acreditar plenamente la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena.

Consideraciones jurídicas de la Corte Constitucional

La Corte evaluó minuciosamente los factores que configuran el fuero indígena y la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena, a saber: el factor personal (pertenencia del acusado a la comunidad indígena), territorial (lugar donde ocurrieron los hechos), objetivo (naturaleza del...