Contexto y tribunal competente

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, resolvió un conflicto de competencia en materia de tutela que involucró a dos juzgados de diferentes jurisdicciones: el Juzgado 027 Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín. El conflicto surgió en el trámite de una acción de tutela interpuesta contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Antecedentes del caso

El accionante, quien argumentó ser padre cabeza de familia y abogado litigante, solicitó protección constitucional por la presunta vulneración de sus derechos al mínimo vital, igualdad y dignidad humana debido a la no expedición de una liquidación final y al incumplimiento en el pago de una suma ordenada judicialmente por la Policía Nacional. Inicialmente, el Juzgado Civil de Bogotá declaró su falta de competencia y remitió el caso a los juzgados de Medellín, basándose en que los hechos se habrían presentado en dicha ciudad. Posteriormente, el Juzgado Administrativo de Medellín se abstuvo de conocer el asunto, planteó un conflicto negativo de competencia y remitió el caso a la Corte Constitucional, sustentando su postura en el Decreto 333 de 2021 que establece que las acciones de tutela contra autoridades nacionales deben ser conocidas por los jueces de circuito de la ciudad de Bogotá.

Consideraciones jurídicas y criterios de competencia

La Corte Constitucional recordó que, según la Ley 270 de 1996, la solución de conflictos de competencia en tutela corresponde generalmente a las autoridades judiciales ordinarias, y que su intervención está reservada para casos...