Contexto y naturaleza de la decisión

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, mediante el Auto 198 de 2026, resolvió la manifestación de impedimento presentada por el Procurador General de la Nación en el proceso de control de constitucionalidad sobre la Ley 2529 de 2025, que aprueba el “Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, adoptado en Roma en 2009. La providencia fue proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, instancia competente para resolver impedimentos de sus magistrados y del Procurador General en casos relativos a su función de rendir concepto en procesos constitucionales.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso judicial se originó en el control oficioso e integral que realiza la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del Acuerdo internacional y la ley que lo aprueba. Durante el trámite legislativo, el Procurador General de la Nación, quien en ese entonces ejercía el cargo de Secretario General del Senado, participó en actividades formales del procedimiento legislativo, tales como la radicación, remisión y publicación del proyecto de ley que dio origen a la Ley 2529 de 2025. En enero de 2026, el Procurador General manifestó su impedimento para emitir concepto en el proceso, argumentando que su intervención fue activa y determinante en la expedición de la norma objeto de control.

Consideraciones jurídicas y fundamento del impedimento

La Corte Constitucional recordó que el régimen de impedimentos para procesos de control de constitucionalidad está regulado de manera taxativa y excepcional en el Decreto 2067 de 1991, cuyos artículos 25 y 26 establecen causales objetivas y subjetivas para declarar impedimentos. Entre ellas, se incluye la participación en la expedición de la norma objeto de control. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que el Procurador General debe cumplir los mismos estándares de imparcialidad e independencia que los magistrados, dada su función de representar los intereses generales en el control constitucional. No obstante, la Corte ha enfatizado que la causal de impedimento por intervención en la expedición de la norma exige un análisis concreto y restrictivo que considere la naturaleza y el alcance de la participación del Procurador en el trámite legislativo, así como la relación de dicha intervención con los temas objeto de control constitucional. En este caso, la Sala Plena constató que el Procurador General, en su calidad de Secretario General del Senado, ejerció funciones relacionadas con la organización y formalización del procedimiento legislativo, incluyendo la certificación de la recepción del proyecto de ley, su exposición de motivos y la remisión a la Comisión Segunda Constitucional Permanente para su trámite. Estas intervenciones fueron activas y determinantes para la expedición de la Ley 2529 de 2025, especialmente en aspectos formales que la Corte debe revisar al ejercer el control constitucional oficioso e integral. Por ello, la Corte declaró fundado el impedimento, dado que la imparcialidad e independencia del Procurador General se encuentran comprometidas para rendir el concepto en este proceso. La decisión preserva el principio de integridad del control constitucional y la confianza en la imparcialidad del Ministerio Público.

Decisión adoptada

La Sala Plena de la Corte Constitucional levantó la suspensión de términos procesales, declaró fundada la manifestación de impedimento presentada por el Procurador General de la Nación y ordenó que el viceprocurador general rinda el concepto a cargo del Ministerio Público en el proceso de constitucionalidad correspondiente. Esta providencia reafirma la importancia de garantizar la imparcialidad en el control constitucional y delimita el alcance del régimen de impedimentos para funcionarios con funciones relevantes en el trámite legislativo y judicial, fortaleciendo así la transparencia y la confianza en los procesos constitucionales del país.