Propósito General y Objetivo Principal

El proyecto de resolución presentado por el INVIMA busca adoptar y actualizar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Sanitario, junto con los procedimientos específicos para atender la renuencia a suministrar información y por incumplimiento de obligaciones no dinerarias. Su objetivo principal es lograr actuaciones administrativas más eficientes, eficaces y ágiles, en concordancia con los principios constitucionales y legales vigentes, garantizando el debido proceso y la protección de la salud pública.

Nuevas Disposiciones y Mecanismos Introducidos

El documento establece un marco actualizado para la tramitación de procesos administrativos sancionatorios relacionados con infracciones a la normatividad sanitaria. Entre las innovaciones se incluye la implementación de una guía metodológica para la tasación y dosimetría de las multas, que permitirá una determinación objetiva, proporcional y motivada de las sanciones económicas. Además, se incorporan procedimientos claros para la imposición de multas en casos de renuencia a suministrar información durante investigaciones administrativas y por incumplimiento de órdenes administrativas no dinerarias. Se precisa el inicio del procedimiento sancionatorio mediante autos administrativos que pueden dictarse de oficio o a solicitud, detallando las etapas desde el traslado de cargos, presentación de descargos, práctica de pruebas, hasta la resolución final, incluyendo la calificación expedita cuando el investigado reconozca expresamente la infracción. También se regulan los recursos procedentes, limitando la tramitación a una única instancia y estableciendo plazos específicos para su resolución.

Acciones y Regulaciones Específicas

El proyecto dispone:

• La potestad de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria para elaborar y actualizar la Guía Metodológica de dosimetría de sanciones.
• La imposición de multas hasta por 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expresados en Unidades de Valor Básico u otras unidades establecidas por el Gobierno Nacional.
• Procedimientos específicos para sancionar la renuencia a suministrar información y el incumplimiento a obligaciones no dinerarias, con multas proporcionales y sucesivas.
• La regulación detallada de las notificaciones y comunicaciones, incluyendo modalidades electrónica y por aviso, para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso.
• La actualización periódica de los procedimientos internos relacionados con la gestión sancionatoria sanitaria.

Impacto Esperado y Alcance

Con la adopción de esta resolución, el INVIMA busca fortalecer la función administrativa sancionatoria en materia sanitaria, promoviendo la seguridad jurídica y la transparencia en la imposición de sanciones. Se espera que esta actualización facilite la protección del bien jurídico de la salud pública mediante procesos más expeditos y fundamentados, contribuyendo al cumplimiento efectivo de las normas sanitarias. El proyecto tiene un alcance nacional, aplicándose a personas naturales y jurídicas sujetas a inspección, vigilancia y control del INVIMA.

Participación de Actores Clave

La implementación del proyecto involucrará principalmente a la Dirección de Responsabilidad Sanitaria del INVIMA, encargada de tramitar y resolver los procedimientos sancionatorios y de renuencia. Además, participarán otras dependencias misionales del INVIMA que realizan actividades de inspección, vigilancia y control, las cuales alimentarán los procesos con información relevante. El proyecto también establece mecanismos para la colaboración con autoridades administrativas y la Policía Nacional en caso de requerirse para el cumplimiento de obligaciones no dinerarias.

Conclusiones

Este proyecto de resolución del INVIMA representa una actualización integral del procedimiento administrativo sancionatorio sanitario, incorporando mecanismos modernos para la tasación de multas y la gestión de renuencias, en sintonía con los principios constitucionales y legales que rigen la función administrativa. Su aplicación contribuirá a fortalecer el control sanitario y a garantizar una actuación administrativa más eficiente y transparente en defensa de la salud pública en Colombia, asegurando así un marco normativo adecuado para responder a los retos actuales en materia de vigilancia sanitaria.