Contexto y competencia de la providencia

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones constitucionales, resolvió el auto 082 de 2026, en relación con la revisión de constitucionalidad del Decreto 1390 de diciembre de 2025, que declara el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia. La competencia para conocer este asunto se fundamenta en el artículo 241.7 de la Constitución, que otorga a la Corte control automático y definitivo sobre decretos legislativos emitidos en estados de excepción. Aunque el término para la vigencia del decreto había concluido, la Corte consideró procedente pronunciarse sobre la suspensión provisional de sus efectos, dado que de dicho decreto dependen otros decretos de desarrollo aún vigentes.

Antecedentes y solicitud de suspensión provisional

El decreto fue expedido por el Ejecutivo nacional el 22 de diciembre de 2025 y contiene las motivaciones y fundamentos para declarar la emergencia económica y social, así como para habilitar al Gobierno a dictar decretos legislativos para conjurar la crisis. A partir de la presentación del asunto a la Corte, uno de los magistrados sustanciadores solicitó la suspensión provisional del decreto, petición que fue examinada por la Sala Plena.

Consideraciones jurídicas de la Corte

La Corte analizó inicialmente el marco jurídico y jurisprudencial sobre la suspensión provisional en el control de constitucionalidad. Reconoció que, si bien tradicionalmente no se admitía la suspensión provisional de normas con fuerza de ley en control abstracto, el auto 272 de 2023 estableció condiciones excepcionales para su procedencia, orientadas a proteger la supremacía constitucional y evitar efectos irreparables. Respecto a los estados de excepción, la Corte distinguió claramente...