Contexto y antecedentes del caso

El conflicto se originó a partir de una acción de tutela presentada contra la Fiscalía 7ª de la Unidad de Vida de Popayán, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Popayán y la Fiscalía General de la Nación – Seccional Cauca, por supuesta vulneración de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso. La acción fue interpuesta debido a la falta de respuesta oportuna y de fondo a solicitudes relacionadas con la entrega del protocolo e informe de necropsia de un familiar fallecido. El demandante radicó la tutela el 14 de enero de 2026 a través de correo electrónico dirigido a los jueces del circuito de Popayán – Cauca. Inicialmente, el trámite fue asignado por reparto al Tribunal Administrativo del Cauca. Sin embargo, la Secretaría de este tribunal solicitó anular dicho reparto argumentando que, por tratarse de un proceso penal, correspondía la competencia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán. Esta solicitud se fundamentó en las reglas de reparto establecidas en el Decreto 333 de 2021. La Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, a su vez, no asumió el conocimiento de la tutela y remitió el expediente a la Corte Constitucional, señalando que la acción había sido inicialmente asignada al Tribunal Administrativo del Cauca.

Consideraciones jurídicas de la Corte Constitucional

La Corte recordó que, conforme a la Ley 270 de 1996 y su jurisprudencia, la solución de conflictos de competencia en materia de tutela corresponde, en primera instancia, a las autoridades judiciales previstas en dicha ley. La Corte sólo interviene cuando no existe...