Contexto y competencia

La decisión fue adoptada por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de su competencia para revisar fallos de tutela. La acción fue interpuesta por el representante legal de una clínica psiquiátrica, actuando como agente oficioso de un paciente mayor de 66 años, con diagnóstico de esquizofrenia, que estuvo internado por medida de seguridad penal durante más de dos décadas. Tras la expiración del término máximo de internación, el paciente permaneció en la institución sin alternativas de apoyo comunitario o social, situación que motivó la tutela contra diversas entidades públicas y la EPS vinculada.

Antecedentes fácticos y procesales

El paciente fue declarado inimputable por un delito grave y se le impuso una medida de internación en una clínica psiquiátrica. Al cumplirse la pena, se emitió la boleta de libertad, pero la continuidad de la hospitalización persistió. El representante legal de la clínica denunció la omisión de medidas integrales por parte de la EPS, alcaldías, secretarías de salud y comisarías de familia de los municipios involucrados. Se evidenció la falta de red de apoyo familiar efectiva y la ausencia de programas sociales para su atención fuera del entorno hospitalario. Los juzgados de primera y segunda instancia reconocieron la vulneración de derechos, pero las decisiones carecieron de un enfoque actualizado basado en el modelo social de discapacidad y la necesaria corresponsabilidad institucional. En sede de revisión, la Corte constató vacíos en la coordinación interinstitucional y en la implementación de políticas públicas para la atención de personas en situación de discapacidad psicosocial y abandono.

Consideraciones jurídicas principales

La Corte recordó que la...