Propósito y objetivo general del proyecto

El proyecto de resolución tiene como propósito general actualizar los servicios y tecnologías que no serán financiados con recursos públicos asignados a la salud, en desarrollo del procedimiento técnico-científico y participativo ya establecido. Su objetivo principal es garantizar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos, excluyendo aquellos servicios y tecnologías que carecen de evidencia científica suficiente, autorización competente o que responden a fines exclusivamente cosméticos o experimentales. Esta actualización busca proteger el derecho fundamental a la salud mediante la asignación adecuada de recursos para prestaciones integrales.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

Se mantiene el procedimiento técnico-científico, público, colectivo y participativo que incluye fases de nominación, validación, evaluación, consulta a pacientes potencialmente afectados y ciudadanía, y adopción de decisiones. Como innovación relevante, para esta actualización se integraron resultados de nominaciones de tecnologías realizadas en años anteriores (2017, 2023 y 2024), con análisis realizados por expertos y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS). El listado actualizado incorpora tres nuevas tecnologías excluidas y retira el código CIE-10 R298, empleado incorrectamente para diagnósticos relacionados con dolor neuropático, lo que mejora la precisión en la aplicación de exclusiones. Además, se destaca que la tecnología de aplicación de plasma rico en plaquetas dentro del sistema osteomuscular quedó pendiente de exclusión hasta que se realicen nuevos análisis sobre su seguridad y efectividad.

Acciones específicas y participación ciudadana

El procedimiento incluyó eventos de participación ciudadana en 25 departamentos y Bogotá D.C., con una cobertura del 78,12%, donde participaron 475 personas entre representantes de entes territoriales, la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo, asociaciones profesionales y usuarios, veedurías y personas naturales. Se priorizaron departamentos con mayores retos en acceso y equidad, garantizando una participación plural y territorialmente diversa. Los resultados de estas consultas mostraron una votación superior al 50% a favor de la exclusión para las tecnologías sometidas a la tercera fase. Asimismo, las metodologías aplicadas y los documentos técnicos están disponibles públicamente en la plataforma Mi Vox Pópuli, fortaleciendo la transparencia del proceso.

Impacto y alcance potencial

La actualización tiene un impacto directo en la financiación pública de la salud, orientando los recursos hacia tecnologías y servicios con respaldo científico y pertinencia clínica. Esto contribuye a un uso eficiente de los recursos públicos, promueve la transparencia y protege el derecho fundamental a la salud. Además, la exclusión de tecnologías sin evidencia científica o con fines meramente estéticos busca evitar gastos innecesarios y mejorar la calidad de la atención.

Entidades y actores involucrados

El proceso involucra al Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), sociedades científicas especializadas, asociaciones de profesionales y usuarios, entes territoriales, la Superintendencia Nacional de Salud y la Defensoría del Pueblo. La amplia participación ciudadana y la intervención de expertos aseguran que las decisiones adoptadas reflejen un consenso técnico y social