Contexto y tribunal

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, resolvió un auto interlocutorio el 19 de febrero de 2026. La providencia responde a una solicitud de aclaración presentada por el Departamento de Antioquia frente a la providencia del 27 de noviembre de 2025, la cual modificó una sentencia inicial emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 9 de mayo de 2022.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción popular fue interpuesta por un grupo de ciudadanos contra el Departamento de Antioquia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Municipio de Bello y una constructora, por la vulneración de derechos colectivos vinculados al goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico y la prevención de desastres en la urbanización Toledo Campestre, ubicada en el barrio Marco Fidel Suárez de Bello. El Tribunal Administrativo de Antioquia reconoció la existencia de un riesgo significativo derivado de desbordamientos, inundaciones y deslizamientos, causados por factores como intervenciones humanas aguas arriba, deficiencias en obras hidráulicas, asentamientos informales y actividades mineras irregulares, entre otros. Se concluyó que las autoridades municipales y ambientales no adoptaron medidas oportunas para mitigar estos riesgos. En sentencia de mayo de 2022, el Tribunal impartió una serie de órdenes de amparo para corregir las causas del riesgo, asignando responsabilidades a las autoridades involucradas y a los particulares relacionados con el proyecto inmobiliario afectado. Dicha sentencia fue apelada por diversas entidades, incluyendo el Departamento de Antioquia. En noviembre de 2025, el Consejo de Estado confirmó en gran parte la decisión de primera instancia, pero modificó la atribución de la...