Contexto y antecedentes del conflicto

El conflicto fue planteado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, conforme a lo previsto en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por la Ley 2080 de 2021. La controversia surgió por la negativa sucesiva de dos entidades: la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba y la Procuraduría Regional de Instrucción de Córdoba, ambas autoridades del orden nacional, para asumir la competencia en un proceso disciplinario contra un auxiliar de la justicia, específicamente un secuestre, vinculado a presuntas irregularidades en procesos laborales ejecutivos. Las quejas iniciales fueron presentadas en 2022 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sahagún y la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de Montería. Posteriormente, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba declaró su falta de competencia y remitió los expedientes a la Procuraduría Regional de Córdoba, que, a su vez, también se declaró incompetente. Ante esta situación, la Comisión Seccional solicitó al Consejo de Estado que definiera la autoridad competente para continuar con la investigación disciplinaria.

Análisis jurídico y consideraciones de la Sala

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado fundamentó su decisión en un análisis riguroso del marco normativo aplicable, destacando varios aspectos clave:

• Competencia y naturaleza de las autoridades involucradas: La Procuraduría General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial son autoridades nacionales autónomas e independientes, sin un superior común, por lo que no aplican las reglas especiales de conflictos de competencia entre autoridades con superior común, sino las reglas generales del CPACA.
• Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia: De acuerdo con el artículo 47 del Código General del Proceso y la jurisprudencia constitucional, los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas ocasionales y transitorias, prestando servicios técnicos y administrativos necesarios para la administración de justicia.
• Marco normativo disciplinario: La reforma constitucional que suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial implicó un cambio en el modelo disciplinario de la Rama Judicial, afectando la competencia sobre funcionarios judiciales y abogados en ejercicio.
• Competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales: Estas entidades tienen competencia para conocer procesos disciplinarios iniciados antes del 13 de enero de 2021, fecha en que entró en funcionamiento la Comisión Nacional. Sin embargo, no tienen competencia para procesos iniciados después de esa fecha respecto a los auxiliares de la justicia.
• Competencia de la Procuraduría General de la Nación: Fundada en el artículo 277 de la Constitución Política y desarrollada en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021), la Procuraduría es la entidad encargada de ejercer la función disciplinaria sobre particulares que ejercen funciones públicas, incluyendo a los auxiliares de la justicia, para procesos iniciados después del 13 de enero de 2021.

Decisión y alcances

Con base en lo anterior, la Sala de Consulta y Servicio Civil declaró competente a la Procuraduría Regional de Instrucción de Córdoba para continuar con la investigación disciplinaria contra el auxiliar de la justicia en cuestión. La decisión ordena remitir el expediente a dicha Procuraduría y notificar a las partes interesadas, advirtiendo que los términos procesales se reanudarán a partir de la comunicación de esta providencia. El auto es definitivo y no admite recurso, conforme a lo establecido en el artículo 39 del CPACA modificado por la Ley 2080 de 2021.

Implicaciones del pronunciamiento

Esta resolución clarifica la competencia administrativa en materia disciplinaria frente a auxiliares de la justicia, especialmente en procesos iniciados tras la entrada en vigor de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Así, establece que la Procuraduría General de la Nación mantiene la función disciplinaria sobre estos particulares, garantizando la continuidad y eficacia en la administración del derecho disciplinario en el sector judicial. La decisión contribuye a evitar vacíos o incertidumbres en la jurisdicción disciplinaria y fortalece la seguridad jurídica en la tramitación de procesos contra auxiliares de la justicia en Colombia, asegurando que los procedimientos disciplinarios se lleven a cabo con la debida diligencia y conforme a las normas vigentes, en beneficio de la transparencia y el correcto funcionamiento de la administración de justicia.