Contexto y antecedentes del caso

El Consejo de Estado, en su calidad de máximo tribunal en materia contencioso administrativa, conoció una acción de tutela instaurada en el año 2024 contra la Fiscalía General de la Nación y otras entidades. La acción fue promovida por los representantes legales de una entidad promotora de salud (EPS) que enfrenta una crisis estructural y acumulación masiva de incidentes de desacato desde 2019, con la imposición de múltiples sanciones que, según los accionantes, vulneran derechos fundamentales como el debido proceso, la libertad, la igualdad, el buen nombre, la honra y la dignidad humana. La Sala Quinta, en sentencia inicial de enero de 2025, concedió el amparo solicitado, reconociendo que las limitaciones estructurales de la EPS dificultaban el cumplimiento integral de las órdenes de tutela. Se apoyó para ello en precedentes de la Corte Constitucional, que establecen la necesidad de modular las órdenes judiciales cuando existen restricciones operativas que impiden su cumplimiento efectivo. En ese contexto, se consideró que los incidentes de desacato y las sanciones impuestas a los representantes legales no solucionaban la crisis institucional, sino que la agravaban. Posteriormente, en segunda instancia, la Sección Segunda, Subsección B, modificó parcialmente la sentencia, estableciendo la suspensión de las sanciones por desacato desde la notificación de un auto de aclaración y modulación, y ordenando la presentación mensual de informes sobre el avance en el cumplimiento de las órdenes de tutela. Además, se dispuso que las autoridades judiciales evalúen dichos informes y, en caso de verificar el acatamiento, dispongan la inaplicación definitiva de las sanciones.

Solicitudes y decisiones recientes

En 2026, se presentaron...