Providencia y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en segunda instancia, profirió el fallo que confirma la improcedencia de la acción de tutela contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare. La acción de tutela cuestionaba la providencia judicial del 22 de mayo de 2025, la cual confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal.

Antecedentes fácticos y procesales

La controversia surge de liquidaciones oficiales emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en 2018 y 2019, por presunta omisión en la afiliación y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI). Contra estas liquidaciones se interpuso un proceso contencioso administrativo, que concluyó con sentencias adversas para el recurrente en primera y segunda instancia. El accionante alegó vulneración de derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y propiedad privada, argumentando defectos fácticos y sustantivos en las sentencias judiciales, así como desconocimiento de precedentes jurisprudenciales y ausencia de normatividad clara para determinar el Ingreso Base de Cotización (IBC) de trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios para el año 2014.

Consideraciones de la Sala sobre la procedencia de la tutela

El Consejo de Estado reiteró que la acción de tutela contra providencias judiciales requiere el cumplimiento de requisitos generales y especiales, entre los cuales destaca la relevancia constitucional del asunto. Esta relevancia implica que la controversia debe versar sobre la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución Política o afectar el núcleo esencial de derechos fundamentales,...