Contexto y naturaleza de la providencia

El pasado 2 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, en su calidad de máximo tribunal administrativo, profirió un auto decisorio en segunda instancia, dentro del trámite de una acción de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Risaralda. La providencia resuelve un impedimento declarado por uno de los consejeros ponentes encargado de conocer el proceso.

Antecedentes fácticos y procesales

La acción de tutela fue interpuesta por una ciudadana que resultó lesionada en un accidente de tránsito ocasionado por un bus perteneciente a una sociedad concesionaria de transporte, la cual opera mediante un contrato con otra empresa vinculada. La demandante inicialmente promovió una demanda de reparación directa contra la sociedad propietaria del bus para obtener indemnización por los perjuicios sufridos. En primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira negó el llamamiento en garantía a la empresa concesionaria operadora del vehículo. Esta decisión fue confirmada posteriormente por el Tribunal Administrativo de Risaralda. La tutela cuestionó esta negativa argumentando la vulneración de derechos fundamentales, tales como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, y la reparación integral, calificando la decisión como un formalismo excesivo que sacrifica el derecho sustancial de la víctima. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la tutela y vinculó a las partes pertinentes para su trámite. Sin embargo, durante el curso del proceso, el magistrado ponente manifestó estar incurso en una causal de impedimento prevista en la legislación procesal penal debido a una relación jurídica previa con una de las partes involucradas.

Consideraciones jurídicas sobre el...