Contexto y antecedentes procesales

La providencia en cuestión fue emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de una acción de tutela presentada contra la Sección Tercera, Subsección B del mismo tribunal. La tutela fue interpuesta por la masa de la quiebra de una sociedad limitada, buscando el amparo de derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad, la defensa y la propiedad, tras una sentencia que confirmó el rechazo de una demanda en un proceso ordinario de reparación directa. El abogado representante de la masa de la quiebra presentó la acción de tutela en defensa de estos derechos, pero la solicitud fue inicialmente inadmitida por no aportar el certificado de existencia y representación legal actualizado de la sociedad, y el poder especial o general que acreditara la capacidad del abogado para actuar como apoderado en el mecanismo constitucional de tutela, conforme a los requisitos del artículo 5° de la Ley 2213 de 2022 y el artículo 74 del Código General del Proceso (CGP). Al no subsanar debidamente estas falencias, el auto del 9 de febrero de 2026 rechazó la solicitud de tutela, decisión que fue impugnada por el abogado, quien argumentó que su capacidad para actuar estaba amparada por el mandato otorgado en el proceso ordinario y que la exigencia de un nuevo poder resultaba desproporcionada y violatoria del derecho de acceso a la justicia.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala Quinta del Consejo de Estado confirmó su competencia para conocer el asunto conforme a lo previsto en el...