Contexto y competencia

La providencia fue proferida por la Sección Tercera, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, competente para conocer de la acción de tutela instaurada contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, que había emitido sentencia el 21 de agosto de 2025. La tutela fue admitida conforme al Decreto 333 de 2021 y al marco normativo vigente, en primera instancia.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó con una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de Dosquebradas. La demanda cuestionaba la legalidad del Decreto Nacional 284 de 2024 que derogó diversas disposiciones relacionadas con el régimen salarial y prestacional del escalafón docente. En concreto, se alegó que el incremento salarial para la categoría 3AM fue inferior al otorgado a la categoría 3DM en los años 2008 y 2009, generando un trato desigual y discriminatorio sin justificación objetiva o técnica. El juzgado de primera instancia negó las pretensiones argumentando que los incrementos fueron superiores al índice de precios al consumidor (IPC) y que las diferencias obedecían a criterios legítimos para reducir brechas salariales entre docentes oficiales y contratados. El Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó esta decisión en segunda instancia, señalando que el aumento diferenciado se sustentaba en las competencias legales del Gobierno Nacional para fijar condiciones salariales y en las características distintas de cada grado del escalafón docente. Insatisfecho, el demandante interpuso acción de tutela contra la sentencia de segunda instancia, alegando violaciones a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y principio de favorabilidad. Se reprochó una indebida valoración probatoria y un desconocimiento de la jurisprudencia constitucional que exige justificaciones objetivas para diferencias salariales en el escalafón.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y requiere cumplir rigurosos requisitos, entre ellos la legitimación, inmediatez, subsidiariedad y relevancia constitucional. En este caso, aunque se cumplían la mayoría de requisitos procesales, la Sala concluyó que la acción carecía de relevancia constitucional, dado que la controversia planteada se circunscribe a un asunto de naturaleza económica y legal ya resuelto razonablemente por los jueces naturales. Además, el Consejo enfatizó que el mecanismo de tutela no debe convertirse en una tercera instancia para revisar juicios razonados de mérito sobre incrementos salariales, especialmente cuando se han agotado los recursos ordinarios. Reiteró que las diferencias salariales señaladas estaban justificadas en criterios objetivos, como las distintas condiciones normativas y requisitos para cada grado del escalafón docente. En consecuencia, la Sala declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, ordenando notificar la decisión y remitir el expediente a la Corte Constitucional para posible revisión.

Implicaciones

Esta decisión reafirma la función subsidiaria y excepcional de la acción de tutela en Colombia, limitando su uso para controversias que no constituyan una verdadera vulneración constitucional. También se sostiene la autonomía de los jueces naturales para resolver controversias en materia salarial pública, siempre que sus decisiones estén motivadas y fundamentadas conforme a los principios constitucionales aplicables. La providencia contribuye a delimitar el alcance del control judicial sobre políticas salariales estatales y la protección efectiva de derechos fundamentales en procesos administrativos y judiciales relacionados con el empleo público, garantizando así un equilibrio entre la tutela de derechos individuales y el respeto a las competencias institucionales en la administración pública.