Providencia judicial y contexto procesal

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, conoció en primera instancia una acción de tutela presentada contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda. La providencia judicial impugnada confirmó el fallo del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pereira, el cual negó las pretensiones de un docente oficial que buscaba el reconocimiento y pago de diferencias salariales por incrementos desiguales en la asignación básica, decretados en el año 2011 para categorías diferentes del escalafón docente. El docente, vinculado en la categoría 2C del escalafón establecido por el Decreto Ley 1278 de 2002, argumentó que el Gobierno Nacional implementó aumentos inequitativos en la escala salarial que favorecieron a docentes en categorías inferiores (2A), sin una justificación objetiva y razonada. Tras agotar la vía administrativa sin éxito, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Secretaría de Educación del municipio correspondiente.

Fundamentos de la tutela y argumentos de las partes

El accionante alegó violaciones a sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio de favorabilidad. En particular, señaló que la sentencia impugnada incurrió en defectos sustantivos, fácticos y desconocimiento de precedente, pues no valoró adecuadamente la supuesta discriminación salarial ni la jurisprudencia constitucional aplicable, citando la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Risaralda defendió la decisión, argumentando que el actor no probó las causales de nulidad ni presentó...