Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, máxima instancia en materia de lo contencioso administrativo en Colombia. Se trata de un auto interlocutorio proferido en el marco de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo número de radicación es 11001032400020190009900.

Antecedentes del caso

El proceso fue iniciado por una sociedad demandante contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con la intervención de un tercero interesado. La controversia gira en torno a la creación denominada "Formas cristalinas de un inhibidor de tirosina quinasa de Burton", cuya novedad y nivel inventivo están siendo cuestionados. En la audiencia inicial celebrada el 12 de febrero de 2020, el despacho decretó la práctica de un dictamen pericial científico-técnico para aclarar dichos aspectos, ordenando oficiar a una universidad para que designara al perito idóneo.

Designación y encargos al perito

Dentro del término concedido, la universidad informó la identidad y ubicación del docente designado, perteneciente al Departamento de Química Farmacéutica, para rendir el dictamen pericial. Por su parte, la parte demandante también propuso un químico farmacéutico como posible perito. Con base en lo previsto en el artículo 234 del Código General del Proceso —aplicable por remisión del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, el Consejo de Estado designó formalmente al docente universitario como perito. En caso de que este no pueda cumplir con la función dentro del plazo establecido, se designará al profesional propuesto por la parte actora como reemplazo. Al perito designado se le otorgó un plazo de veinte (20) días contados a partir de su posesión para rendir el dictamen, conforme a las disposiciones del artículo 226 del Código General del Proceso. Posteriormente, la Secretaría de la Sección Primera deberá correr traslado a las partes e intervinientes por un término de tres (3) días para que puedan pronunciarse sobre el dictamen presentado.

Consideraciones jurídicas y procedimiento

El despacho basó su decisión en la normativa procesal vigente, la cual establece los mecanismos para la práctica de pruebas periciales en materia administrativa. La designación de un experto independiente busca garantizar la objetividad y precisión en el análisis técnico que resulta fundamental para la adecuada resolución del conflicto. Este auto interlocutorio es parte del procedimiento que persigue esclarecer aspectos técnicos complejos relacionados con la protección de derechos de propiedad industrial, en particular, la evaluación de la novedad y el nivel inventivo de una creación farmacéutica específica.

Conclusión del auto interlocutorio

En definitiva, el Consejo de Estado formalizó la designación del perito universitario para emitir el dictamen solicitado, estableciendo un mecanismo alternativo en caso de incumplimiento. Este paso es esencial para avanzar en el proceso y garantizar la correcta valoración de los elementos técnicos que sustentan la decisión final del tribunal. Así, se espera que el dictamen pericial contribuya a una resolución justa y fundada, fortaleciendo la protección de los derechos de propiedad industrial en Colombia.