Contexto y tribunal competente

La decisión fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en ejercicio de la segunda instancia del proceso. La providencia revisa y corrige actuaciones del Tribunal Administrativo de Risaralda en relación con un caso que busca la protección de derechos e intereses colectivos y que involucra a dos entidades del sector eléctrico como demandadas.

Antecedentes fácticos y procesales

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Risaralda emitió una sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó medidas a las entidades demandadas. Posteriormente, el tribunal concedió los recursos de apelación interpuestos por las partes involucradas en efecto suspensivo, decisión que fue objeto de revisión ante el Consejo de Estado.

Consideraciones jurídicas y ajuste del efecto de apelación

El Consejo de Estado observó que, conforme al artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y los artículos 323 y 325 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), así como a la jurisprudencia de la misma corporación, los recursos de apelación contra sentencias condenatorias en procesos de protección colectiva deben concederse en efecto devolutivo. El efecto suspensivo está reservado para supuestos excepcionales expresamente previstos en la ley. Dado que el Tribunal Administrativo de Risaralda concedió los recursos en efecto suspensivo sin que se cumpliera con dichos requisitos, el Consejo ajustó el efecto a devolutivo. Esto implica que la ejecución de la sentencia no se suspende mientras se resuelve la apelación, salvo en los casos permitidos por la normatividad.

Admisión de recursos y participación del Ministerio Público

Con base en los artículos citados, el Consejo admitió formalmente los recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia de primera instancia. Asimismo, se recordó al representante del Ministerio Público que puede emitir concepto antes de que el proceso sea enviado para fallo, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Solicitud probatoria en segunda instancia

Dos de los apelantes solicitaron la práctica de diversas pruebas en segunda instancia, incluyendo documentos y registros fotográficos relacionados con el caso. Sin embargo, el Consejo constató que tales documentos no fueron aportados al expediente, lo que motivó la denegación de la solicitud probatoria. La regulación aplicable establece condiciones estrictas para la admisión de pruebas en esta etapa, entre las que se encuentra la presentación oportuna de los documentos solicitados.

Órdenes y notificaciones

Finalmente, la Sala ordenó notificar a las partes y al Ministerio Público, comunicar el auto al Tribunal Administrativo de Risaralda y remitir el expediente para la continuación del trámite judicial. Se estableció que, en ausencia de nuevas solicitudes probatorias, el proceso ingresará al despacho para sentencia sin traslado para alegaciones de conclusión. Este auto interlocutorio clarifica el procedimiento aplicable en la etapa de apelación en procesos de protección colectiva, reafirmando la importancia de respetar los efectos legales adecuados y los plazos procesales, así como la correcta práctica de pruebas en segunda instancia, con el fin de garantizar una tutela efectiva de los derechos e intereses colectivos involucrados.