Contexto y antecedentes del caso

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció el recurso de apelación interpuesto en contra de una providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, que denegó el decreto de una prueba documental en un proceso de nulidad electoral. La demanda cuestionaba el acto administrativo que nombró a la directora administrativa de una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) encargada de servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y gestión energética en alumbrado público de un municipio. El demandante alegó que el nombramiento violó requisitos legales y reglamentarios establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la entidad, particularmente en cuanto a la formación académica, experiencia profesional y la existencia de incompatibilidades derivadas de un contrato previo vigente con la administración municipal. Se argumentó que la hoja de vida de la funcionaria no fue publicada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), impidiendo la verificación ciudadana de los requisitos. Para sustentar la demanda, se solicitó como prueba documental que se oficie al Registro Único de Afiliados (RUAF) para que certificara los periodos y modalidades de cotización al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales de la funcionaria durante los años 2020 a 2025, con el fin de comprobar la veracidad de la experiencia laboral declarada.

Decisión del Tribunal Administrativo y recurso de apelación

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 6 de febrero de 2026, negó la práctica de la prueba solicitada, fundamentando que la información del RUAF no es idónea para acreditar el ejercicio efectivo de...