Entidades emisoras y contexto legal
La Resolución 40175 de 2026 fue emitida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, el 28 de marzo de 2026, y publicada en el Diario Oficial No. 53.447 el 1° de abril de 2026. Esta acción se fundamenta en un sólido marco normativo, que incluye el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 244 de la Ley 2294 de 2023, que delega a estas entidades la facultad para establecer metodologías de cálculo y tarifas relacionadas con combustibles líquidos y biocombustibles dentro del mercado regulado.
Adicionalmente, la resolución toma en cuenta principios constitucionales como el artículo 365 de la Constitución Política, que establece la prestación eficiente de los servicios públicos, y el artículo 212 del Código de Petróleos, que regula el transporte y distribución de derivados del petróleo bajo un régimen especial para proteger los intereses generales. También considera leyes previas que facultan al Gobierno para determinar aspectos técnicos y económicos en la comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo.
Objeto y destinatarios de la resolución
El objetivo principal de la Resolución 40175 es fijar el ingreso al productor para dos tipos específicos de combustibles: el alcohol carburante y el biocombustible destinado a motores diésel. Estos ingresos corresponden a las tarifas que reciben los productores por cada galón suministrado, lo que impacta directamente en la cadena de producción, comercialización y distribución de estos combustibles.
El grupo destinatario de esta regulación incluye a los productores de alcohol carburante y biocombustibles para uso en motores diésel, así como a los agentes económicos y operadores dentro del mercado regulado de combustibles líquidos en Colombia. Este público es relevante porque la fijación de ingresos influye en la oferta, precios y calidad del servicio que llega a los consumidores finales, además de garantizar la sostenibilidad económica de la industria de biocombustibles, un sector clave para la transición energética y el cumplimiento de metas ambientales.
Decisiones principales de la resolución
La resolución establece de manera clara y precisa los siguientes montos para el ingreso al productor:
- Alcohol carburante: Se fija en $11.446,78 por galón, moneda corriente.
- Biocombustible para motores diésel: Se fija en $19.782,31 por galón, moneda corriente.
Además, se indica que las modificaciones en los niveles de mezcla con gasolina motor corriente o con ACPM (Aceite Combustible para Motores Diésel) no modificarán estos ingresos al productor fijados para cada tipo de combustible en todas las zonas del país. Esto otorga estabilidad y certidumbre a los productores y demás actores involucrados.
Modificaciones y vigencia
La resolución entra en vigencia a partir del 1° de abril de 2026 y deroga expresamente la Resolución número 40132 del 26 de febrero de 2026, actualizando y perfeccionando así el esquema tarifario anterior. Esta actualización responde a la necesidad de reflejar condiciones reales del mercado, como se evidenció en resoluciones previas que ajustaron costos relacionados, por ejemplo, el flete del transporte marítimo del Aceite Crudo de Palma.
Marco normativo y fundamentos
La base legal de esta resolución es amplia e incluye:
- Artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 y su modificación por la Ley 2294 de 2023, que otorga competencia para fijar metodologías tarifarias.
- Artículo 365 de la Constitución Política, que establece la prestación eficiente de servicios públicos.
- Artículo 212 del Código de Petróleos, que regula la distribución y transporte de derivados del petróleo.
- Resoluciones anteriores como la 180643 de 2012, que regulaba el ingreso al productor del alcohol carburante.
- La actualización del valor del flete del transporte marítimo del Aceite Crudo de Palma, contenida en la Resolución 40035 de 2025.
Estos fundamentos garantizan que la fijación de ingresos esté alineada con la normativa vigente y responda a las condiciones del mercado y los intereses generales.
Impacto potencial de la resolución
La fijación de ingresos al productor constituye una herramienta clave para mantener la estabilidad económica y la competitividad en el sector de los biocombustibles, promoviendo su desarrollo sostenible y su contribución a la matriz energética nacional. Al establecer tarifas claras y uniformes en todo el territorio, se busca asegurar la continuidad en la producción y distribución, al tiempo que se protege a los consumidores y se fomenta la transparencia en el mercado.
Para los productores, esta resolución define un marco tarifario estable que facilita la planificación y reduce incertidumbres comerciales. Para el Estado y los reguladores, permite un control efectivo de los costos y precios dentro del mercado regulado, en línea con las políticas públicas de transición energética y sostenibilidad ambiental.
Finalmente, la regulación contribuye a consolidar un mercado competitivo y eficiente, que puede impactar positivamente en la oferta de combustibles más limpios y en la reducción de emisiones contaminantes.
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Para consultar la resolución completa, puede acceder a la publicación oficial en el Diario Oficial No. 53.447 del 1° de abril de 2026.